El Consejo Constitucional francés validó ayer la medida que eleva a 64 años la edad jubilatoria, punto principal de la reforma impulsada por el presidente Emmanuel Macron y resistida por los sindicatos que como respuesta convocaron a una “movilización excepcional” para el 1º de mayo.
La institución garante de la Constitución rechazó además un pedido de la oposición de izquierda de celebrar un referendo para limitar la edad de jubilación a 62 años, mientras censuró algunos puntos menos controvertidos del proyecto sacado por decreto.
La decisión fue recibida con abucheos por unos 3000 manifestantes congregados en la plaza de la Alcaldía de París. Poco antes corearon: “Constitucional o no, esta ley no la queremos”, “Continuaremos hasta su retirada” y “Fuera Macron”, constató la agencia de noticias AFP.
El Constitucional validó el retraso de la edad de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y la exigencia de cotizar 43 años, y no 42, a partir de 2027, para cobrar una pensión completa, pese al constante rechazo desde enero de los sindicatos y de una mayoría de franceses, según los sondeos. Aunque anuló partes de la reforma, como la obligación para las grandes empresas de comunicar cuántos trabajadores de más edad tienen contratados, la validación de los puntos clave de la ley es un triunfo para el Gobierno.
Macron podría promulgar la ley “mañana o pasado mañana” como “suele hacer”, indicó la Presidencia francesa, aunque los sindicatos instaron en un comunicado a no hacerlo, como “única manera de calmar la ira expresada en el país”. La oposición, tanto de izquierda como de ultraderecha, también se lo pidió.
“La entrada en vigencia de esta reforma marcará la ruptura definitiva entre el pueblo francés y Macron”, advirtió la líder ultraderechista Marine Le Pen, a quien la crisis actual beneficia en los sondeos.
“La lucha continúa”, dijo el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon. “Temo un estallido social”, manifestó por su parte el jefe del Partido Comunista, Fabien Roussel. “No hay ni vencedores ni vencidos”, tuiteó en tanto la primera ministra Élisabeth Borne tras conocerse la decisión favorable para su gobierno.
Del lado de los sindicatos, sus líderes convocaron a una “movilización excepcional” para el 1° de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y advirtieron que no se reunirán ni con Macron ni con el gobierno antes de esa fecha.
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