Martín Llaryora, se sometió a un narcotest en el hospital San Roque y además se realizó el análisis de laboratorio que permite detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina.
El estudio que se realizó Llaryora es en cumplimiento de la ley 10954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, promulgada el pasado 26 de abril, que crea el Sistema Integrado de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, que establece el marco jurídico para la implementación de un nuevo modelo que agilizará la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico.
El test, que puede realizarse en instituciones tanto públicas como privadas, es "obligatorio" para aquellas personas que desempeñen funciones públicas: ministros, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, asesores y quienes, por disposición legal o reglamentaria, "ejerzan funciones de jerarquía equivalentes a las de los cargos mencionados".
Según la Ley, los funcionarios públicos deben presentar un certificado negativo expedido por institución médica que acredite "la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales", conocido como narcotest.
En caso de incumplimiento del Artículo Nro. 66, que exige dicho certificado, se aplicará el procedimiento vigente de la repartición donde reviste el supuesto infractor.
El resultado se comunicará a la autoridad competente y se dará la intervención correspondiente al Ministerio de Salud para que realice el abordaje integral y tome las medidas de contención y asistencia de la persona afectada.
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