Después de que las dos empresas más importantes de generación de energía eléctrica del país, Central Puerto y Pampa Energía, aceptaran este jueves la oferta del Gobierno de saldar la deuda de subsidios de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) con un bono a 2038 y una quita efectiva del 50%, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que logró la adhesión total del 100% de los acreedores, que reclamaban $ 600.000 millones por pagos no realizados por el Gobierno entre febrero y marzo, cuando debió haber cancelado las ventas de electricidad y gas de diciembre 2023 y enero 2024.
De esta manera, el Gobierno podrá consolidar el superávit fiscal obtenido en el primer trimestre del 2024, en el cual la postergación de pagos de la energía fue uno de los pilares (junto al ajuste a las jubilaciones, la obra pública y las transferencias a las provincias).
El total de las acreencias del Tesoro con las energéticas privadas por las operaciones de diciembre y enero del sector eléctrico rondaba los $ 600.000 millones. Contabilizando empresas públicas y el fondo fiduciario que sostiene el funcionamiento de las energías renovables, la deuda ascendía a casi $ 1,1 billón. Y sumando el gas que las petroleras les venden a las distribuidoras mediante el Plan Gas, totaliza $ 1,9 billón.
En su cuenta de X, el funcionario publicó este jueves a la tarde: "100% de adhesión a la propuesta de cancelación de deuda de Cammesa correspondiente a las facturas de diciembre y enero. Cabe resaltar la buena predisposición de los empresarios del sector que, entendiendo la situación heredada, adhirieron a la propuesta. El sector energético, que ya mostró un superávit comercial de 2400 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año, tiene un enorme potencial en nuestro país, con un superávit proyectado de 25.000 millones de dólares para el 2030".
Se trata de un gol que se anotó el ministro después de dos meses de debate del tema, al que le prestó dedicación personal.
Por qué aceptaron
La firma de los acuerdos de Central Puerto -una empresa en la que Nicolás Caputo fue accionista hasta hace dos años, pero donde ya vendió su participación- y Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, arrastró también a las empresas más chicas, como Genneia y MSU. Tecpetrol, de Paolo Rocca, fue la principal gasífera que mandó su aval, mientras se estaban por sumar el resto.
Pese a que las principales compañías energéticas de la Argentina elevaron el tono e instalaron la discusión en la agenda pública, se plegaron a último momento a aprobar el cobro con el bono AE38D (en dólares). Y señalaron que fue con "sabor amargo". "En la batalla de las miradas, ganó el más fuerte", describió un gerente de la industria, de manera irónica.
En distintos comunicados de las cámaras empresariales se había asentado la preocupación por la seguridad jurídica, una presunta ruptura de contratos y la retención indebida de las transacciones de febrero, que debieron haber cobrado en abril.
Semanas atrás, el CEO de la subsidiaria argentina de AES -una multinacional estadounidense-, Martín Genesio, había revelado incluso que el gobierno norteamericano estaba preocupado por la situación.
En los despachos oficiales sostenían que las energéticas debían "poner el hombro" como todos los argentinos que están sufriendo el ajuste, más cuando el Gobierno había tomado el costo político de solucionarles sus negocios con la suba de tarifas.
Compartir