Los jueces federales Sebastián Ramos (Ciudad de Buenos Aires) y Alejo Ramos Padilla (La Plata) brindaron testimonio en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, en la primera de las audiencias testimoniales por el proceso contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia impulsado por el presidente Alberto Fernández y gobernadores, en el que fue citado el fiscal federal Carlos Stornelli.
En el quinto encuentro de la Comisión de Juicio Político por el proceso que se le sigue a los magistrados del máximo tribunal, Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosekrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron un documento denunciando la “ilegalidad” de la comisión, mientras la mayoría de los legisladores opositores abandonaron el recinto; aunque algunos volvieron media hora después.
La convocatoria de ambos magistrados federales estuvo vinculada al capítulo judicial de la filtración de las supuestas conversaciones por chat a través de la red social Telegram atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, y Marcelo D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en uso de licencia, en las que se referían a casos que estaban bajo estudio del máximo tribunal conocidos como “Consejo de la Magistratura” y “Coparticipación”.
Al cerrar la jornada, la diputada Myriam Bregman (FIT) señaló que “son escandalosas las escuchas ilegales en Argentina”; mientras que el presidente del bloque del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, pidió citar como testigos a los fiscales Carlos Stornelli y María Laura Roteta.
El diputado Eduardo Valdés (FdT), a su vez, fundamentó que el pedido de citación de Stornelli es porque “Ramos lo involucró al declarar que él se basó en el dictamen del fiscal” en la causa de los chats entre Robles y D'Alessandro.
Cabe recordar que el fiscal Carlos Stornelli fue quien, durante el transcurso de la última feria judicial, propuso el archivo de dos denuncias casi calcadas para que se investigara si había delitos en las conversaciones atribuidas a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, y Marcelo D´alessandro, ministro de Seguridad y Justicia (en uso de licencia) de la Ciudad de Buenos Aires.
El argumento esgrimido por Stornelli para pedir el archivo de las denuncias (una de ellas presentada por el abogado Gastón Marano, quien había asesorado a Juntos por el Cambio en la Comisión bicameral de Inteligencia) fue que los elementos citados por las presentaciones judiciales podrían haber sido obtenidos de manera ilegal.
Con respecto a la continuidad del cronograma de trabajo, la comisión volverá a reunirse el próximo martes 7 de marzo a las 13; en tanto que el jueves de la semana próxima lo harán los asesores de cada legislador.
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