Después de cinco años desde el exhorto enviado por el juez federal Sebastián Casanello, la justicia de Estados Unidos remitió una importante cantidad de información vinculada a la compañía Odebrecht, implicada en el megaproceso por corrupción brasileño Lava Jato. Los informes ingresados al caso que investiga el circuito de sobornos en relación a una planta potabilizadora de Aysa corroboró la participación de Jorge R. como intermediario en la estructura de pagos ilegales.
Mientras el gobierno de Alberto Fernández busca darle continuidad a la obra del soterramiento de la traza del tren Sarmiento -una obra investigada por sobornos, licitada en reiteradas ocasiones durante la gestión kirchnerista y mencionada en el caso de los Cuadernos de las Coimas-, la justicia recibió nueva documentación que -según un informe de Lucía Salinas en Clarín- corrobora una estructura que había reconstruido el juez Casanello en uno de los expedientes sobre la firma Odebrecht que tramita en Comodoro Py.
En este caso, ya enviado a juicio oral hace casi dos años, se investigaron las adjudicaciones de obra pública llevadas adelante para la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y la planta depuradora de Berazategui, o "Planta del Bicentenario".
La construcción y puesta en marcha de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas conformada por las firmas Odebrecht -50%-, Supercemento -16,66%-, Benito Roggio e Hijos -16,67%- y José Cartellone Construcciones Civiles, con una participación de 16,66%.
El segundo de los contratos cuestionados consistía en la construcción de la planta depuradora Sistema Berazategui, en la que resultó ganadora la unión conformada por las empresas Camargo Correa -60%- y Esuco-40%-. Luego Odebrecht ocupó el lugar de Camargo Correa. Según estableció el juez Casanello, se "celebró un acuerdo espurio entre funcionarios públicos y empresarios, motivado en el pago de sobornos, que implicó concesiones indebidas en beneficio de los contratistas y que derivó indefectiblemente en una defraudación al Estado como consecuencia de la administración infiel de los recursos públicos".
Se encuentran imputados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho 26 miembros de las sociedades involucradas, funcionarios de Aysa y del por entonces Ministerio de Planificación Federal, entre ellos, Julio De Vido, José López y Roberto Baratta.
Los ilícitos ocurrieron entre 2007 y 2014, desde la firma de los contratos de obra hasta la suscripción de las últimas adendas de éstos.
En un primer tramo del expediente se corroboró la administración fraudulenta que recae sobre los exdirectivos de Aysa y los empresarios. Vino una segunda etapa, en la que la Justicia dio por "probada la existencia de dos grandes tramos de pago de sobornos vinculadas a la obra Paraná de las Palmas".
Allí entraron De Vido, López, Baratta y "Corcho" R., entre otros, todos acusados de cohecho. El juez Casanello dio por acreditadas "las dádivas que, como contrapartida, las empresas ganadoras habrían pagado a las autoridades estatales a fin de asegurarse tales adjudicaciones ventajosas".
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