La fiscalía que interviene en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 pidió ayer que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos.
El pedido de condena fue formulado por el fiscal Diego Luciani ante el Tribunal Oral Federal 2, tras considerar que la exmandataria fue la "jefa de la asociación ilícita", a la que se acusa además de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario público.
Qué piensan los políticos locales
El revolucionado días lunes sigue dando que hablar y hay diversas opiniones en el mundo político pergaminense sobre el pedido del fiscal Luciani contra la actual vicepresidenta da la Nación.
El presidente del Bloque Juntos del Concejo Deliberante, Ignacio Maiztegui, le expresó a Diario Núcleo que “la acusación, el alegato y la descripción del sinnúmero de delitos que menciona el fiscal son alarmantes”. “Desde hace años se venía hablando del tema, verlo plasmado en una acusación formal lo vuelve mucho más contundente. Es una noticia muy desagradable, de extrema gravedad por lo que representa institucionalmente, la principal acusada era en aquel momento presidente de la nación, y es hoy vicepresidente en ejercicio de sus funciones”.
Seguidamente el concejal Maiztegui remarcó que “habrá que esperar la decisión de los jueces, pero es sin dudas un momento histórico, triste por lo que representa en el orden institucional, la imagen de nuestro país queda afectada, todo esto agravado además por las manifestaciones públicas del Presidente, intentando condicionar el accionar de la justicia, atropellando de plano la división de poderes y el orden constitucional”. Y anexó: “El pedido de inhabilitación perpetua parece adecuado, por la dimensión de los delitos mencionados en la acusación y por la investidura de la principal imputada. Más allá de todo lo que pueda manifestarse políticamente en los próximos días, y de la decisión final de la justicia, este caso representa a la vez una gran oportunidad para dar señales claras de cómo se reacciona con firmeza ante la corrupción sin importar las investiduras, en caso que la justicia decidiera que los argumentos son válidos para dictar una sentencia condenatoria”.
Otros de los que dio su parecer fue el diputado nacional Lisandro Bormioli, quien expresó en sus redes sociales: “Los integrantes del bloque de Diputados de Todos expresamos nuestra solidaridad y acompañamiento a Cristina Fernández de Kirchner. Repudiamos todo intento de persecución política - judicial contra ella y otros compañeros y compañeras”. Además, cuestionó: “Contra la persecución y contra el lawfare”.
El concejal Álvaro Reynoso le dijo a Diario Núcleo que es un juicio relacionado con lo político para desgastar la imagen de un partido político. “Hay un intento de proscripción para que Cristina no pueda volver a postularse. Esto a los peronistas nos toca muy de cerca porque hemos vivido en el siglo XX diversas situaciones similares y otras muy violentas”.
Por su parte, en sus redes sociales se explayó: “Desde el Partido Kolina nos solidarizamos con la compañera Cristina Fernández de Kirchner ante un nuevo capítulo de la sistemática persecución judicial de la que es víctima desde hace ya un tiempo”.
“Es imposible disociar esta estrategia llevada adelante por parte del poder judicial contra de Cristina de la persecución y espionaje ilegal ejecutado por el gobierno de Mauricio Macri contra la compañera y tantos otros compañeros y compañeras del campo popular”.
Seguidamente, comentó que “el pueblo argentino necesita recuperar la confianza en el poder judicial” y que éste “en lugar de gastar recursos humanos y económicos en falsas denuncias o causas armadas se focalice en los problemas reales que demanda la sociedad argentina”.
“Tenemos claro que el único objetivo detrás de toda esta infame puesta en escena tiene como objetivo proscribir a la compañera Cristina Fernández de Kirchner porque ella es la única que siempre defendió los intereses del pueblo enfrentando al poder real”, concluyó.
El edil Walter Baccarini se mostró alegre, no por el pedido del fiscal, sino porque aseguró que “está funcionando el sistema de división de poderes de Argentina, cuando muchas veces fue cuestionado”. “Estamos viendo que los tres poderes funcionan, más allá de un fallo u otro. Será tiempo que los jueces analicen los alegatos del fiscal y las pruebas presentadas y luego dicten su sentencia”, manifestó.
Seguidamente Baccarini añadió: “Más allá que si es justo o no, o si es mucho o poco los doce años y el pedido de inhabilitación, estamos preocupados por la manifestación que se están haciendo desde otros poderes del Estado, desde el mismo Presidente hasta miembros de sindicatos como de la CGT y otros de renombre, poniendo en tela de juicio el funcionamiento de la Justicia”.
Por último, remarcó que “hay que ser respetuoso de la división de poderes” y destacó que “hay que dejar que la Justicia trabaje con tranquilidad para que pueda expedirse”. “Lamentablemente estamos escuchando en algunas declaraciones que lo que buscan es poner a la gente de un lado o de otro de la grieta, cuando en realidad no debería ser así. Esperemos que todo sea en marco de paz”, resumió.
En tanto, la edil Laura Clark se sumó al pedido de su par y expresó: “Soy de Cristina, estoy con Cristina desde el corazón y el útero, porque es la mujer que nos ilumina, porque es la única esperanza de nuestro Pueblo, porque la amamos incondicionalmente. Basta de persecución”.
Otra integrante del Concejo Deliberante que se expresó en las redes fue Leticia Conti. La concejal advirtió: “Si la tocan a Cristina... Los pueblos no olvidan. A Cristina la cuida el pueblo”.
Por su parte, la diputada provincial María Paula Bustos, también eligió las redes sociales para expresar su parecer. En su caso, sintetizó su pensamiento con una frase y una foto en uno de sus posteos que dice mucho: "Será justicia", aseguró; mientras acompañó su comentario con una foto del fiscal Luciani.
Será justicia https://t.co/BA9x7Z1Wvh
— María Paula Bustos (@pulibustos) August 22, 2022
Lucio Tezón, referentes del Pro y secretario del Concejo Deliberante, manifestó que se está ante una acusación de carácter histórica porque “nunca antes en la historia argentina se vio con tanta contundencia, pruebas y claridad cómo se montó desde las máximas estructuras del Estado y eslabones de poder una organización para saquear de sus recursos y para luego proceder al blanqueo por medio de empresas de la vicepresidenta”.
Seguidamente destacó que “es un avance muy importante en calidad institucional”, porque “habrá un antes y un después”. “Ahora hay que esperar a ver qué determina el tribunal, pero que una ex presidenta de la Nación se encuentre con una imputación tan grave es un avance en materia institucional y judicial”, consideró.
Para Tezón se está ante una situación de mucha complejidad, por lo que “hay que guardar suma cautela”, porque “el proceso judicial va a llevar mucho tiempo”. Para el secretario, pese al avance del kirchnerismo en la Justicia, esto es un gran avance en la democratización de la misma. “Esto permite garantizar ese eslabón fundamental de cualquier sistema republicano y democrático que es la igualdad ante la ley. No debe existir ningún miramiento cuando se juzga a una persona por un delito sin tener en consideración que cargo ocupa u ocupó”, aseveró.
Para finalizar, destacó el coraje del fiscal Luciani y aseguró que “ha tenido un profesionalismo sorprendente”, con un tratamiento de las pruebas contundente. “Soy optimista y creo que la Argentina va a poner a cada uno en el lugar que se merece y los delincuentes en algún momento irán presos. También destaco el rol de los periodistas que han hecho las denuncias y al gobierno de Cambiemos que permitió habilitar el cepo judicial que operaba sobre los organismos del estado que no daban ninguna información a la Justicia”, recordó.
Ramiro Illia, referente de Evolución Radical destacó que se está viviendo un momento histórico Creo que podría marcar un antes y un después en la Argentina. “Hoy es a Cristina Kirchner a quien acusan junto a un grupo de funcionarios de su gobierno, pero para mí lo importante no es Cristina y su grupo de funcionarios, sino que lo esencial es que por primera vez desde el retorno a la democracia el poder judicial ha llevado adelante una investigación por hechos de corrupción cometidos por quien ocupó la Presidencia de la Nación y hoy es la vice Presidente en ejercicio”, explicó.
Illia manifestó que siempre se dijo que el poder judicial iba retrasado en el tiempo y que investigaba a los políticos corruptos una vez que perdían el poder, afirmando esa relación de complicidad entre el poder ejecutivo y judicial. “Lo cierto es que este hecho se da en un momento en quienes son juzgados gozan de pleno poder y están en ejercicio de sus funciones”, anexó.
“La Justicia tiene una oportunidad histórica de demostrar independencia y que está dispuesta a custodiar el respeto y la transparencia en el manejo de las instituciones públicas”.
Para finalizar, el referente de Evolución Radical destacó: “La demanda de Dios será en el momento y la forma que el disponga, pero sin dudas este es el momento histórico en el que la sociedad argentina necesita y reclama a gritos que la patria demande de manera urgente a todos los políticos corruptos que han saqueado a nuestro país, solo así podremos creer y comenzar la reconstrucción de la nación basado en los valores que expresamos y afirmamos en nuestra Carta Magna”.
El abogado Marcelo Pacífico, ex diputado provincial, reconoció que “hay un gran trabajo hecho por la fiscalía que logró reunir los elementos que comprueban la corrupción sistemática durante el gobierno de Cristina Kirchner”, que les costó a los argentinos miles de millones de dólares. “Además del pedido de inhabilitación y los doce años de prisión, también le decomisaron bienes por miles de millones de pesos. Esto no terminó, hay que ver qué dice el fallo que se dicte en los próximos meses; de todas formas esto es un gran paso”, aseguró Pacífico.
Qué más pidió el fiscal
Luiciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.
Luciani requirió también que se investigue si hubo irregularidades vinculadas a la obra del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, a partir de conversaciones de whatsapp extraídas del celular de José López, entre el ex funcionario y Abel Fatala.
Allí también pidió que se investigue si de algunos mensajes en particular, utilizado como prueba para su propio alegato, surge la comisión de algún delito. En la última parte de su alegato, el fiscal pidió tiempo para las últimas reflexiones y considero que "se intentó esconder la corrupción" y que "en los últimos años la corrupción dejó de ser un tema de agenda política" porque "se optó por eludirla".
En ese punto, el fiscal criticó que la Oficina Anticorrupción dejara de ser querellante y la Unidad de información Financiera pidiera la absolución de los acusados y aprovechó el espacio también para cuestionar que la exmandataria hubiera dicho en el juicio que a ella la absolvió "la historia" cuando "bien sabe que es el Poder Judicial" la institución encargada de enjuiciarla.
Antes, el fiscal también le mandó un mensaje al presidente Alberto Fernández, ante las más de 19.000 personas que miraban su alegato por YouTube, cuando lo acusó de haber defendido "puerilmente a su compañera de fórmula" cuando le tocó declarar en calidad de testigo.
El fiscal buscó achacarle que, antes de ser Presidente, se hubiera referido en forma crítica, en público, a supuestos temas de corrupción vinculados a la gestión kirchneristas -sobre todo después de la detención de José López- y que en el juicio al que fue convocado hubiera declarado en distinta dirección.
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