La provincia de Santa Cruz, en la fría Patagonia, desató una controversia al autorizar la caza deportiva de animales salvajes a solicitud de productores agropecuarios, generando críticas de ambientalistas preocupados por la biodiversidad. Con solo unas fotos, un documento de identidad, antecedentes penales y 40 dólares, se puede cazar pumas, zorros y guanacos. Autoridades argumentan que esta práctica existe desde hace años sin daños.
La medida, establecida por el Consejo Agrario de Santa Cruz a fines de marzo, permite la caza desde el 1 de abril hasta el 31 de agosto. Los productores ganaderos buscan controlar los ataques de pumas y zorros a ovejas y evitar que los guanacos dañen las pasturas. Sin embargo, para los defensores del ambiente, esta actividad es condenable y exigen estrategias alternativas, destacando el potencial turístico de la región.
Bajo la ley de Fauna Silvestre santacruceña, cada licencia permite cazar hasta ocho especies, con excepción de las consideradas "invasoras". La falta de datos precisos sobre las poblaciones de especies y el impacto de la caza alimenta la controversia. Ambientalistas y legisladores piden medidas basadas en estudios científicos y critican la falta de transparencia en los criterios utilizados.
Se plantean alternativas como el uso de perros protectores de ganado y tecnologías como luces y ultrasonidos para disuadir a los depredadores. Además, se propone la reubicación de especies excedentes. Sin embargo, las disputas persisten entre los defensores de la caza y quienes abogan por la conservación de la biodiversidad.
La ausencia de datos precisos dificulta evaluar el impacto real de la caza en especies como el puma y el zorro. Aunque no están amenazadas, su papel en los ecosistemas es crucial. Mientras algunos defienden la caza como control de poblaciones invasoras, otros instan a priorizar el cuidado y la coexistencia con la fauna autóctona.
La controversia refleja un cambio de paradigma hacia la conservación ambiental y el bienestar animal. En este contexto, se requiere una política basada en evidencia científica y un enfoque integral que considere tanto las necesidades de los productores como la preservación de la biodiversidad.
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