La Justicia de los Estados Unidos envió a la Argentina nueva documentación sobre supuestos pagos ilegales de la multinacional brasileña Odebretch para quedarse con obra pública en varios países latinoamericanos cuyo contenido parece complicar el empresario J.R.
Según un artículo publicado hoy por el diario La Nación, “el material probatorio que llegó de Washington se centra en la operatoria delictiva que desplegaron altos ejecutivos de Odebrecht y un grupo de intermediarios –brasileños, uruguayos y argentinos- para pagar sobornos a través de un entramado offshore a funcionarios en el proyecto para la extensión de redes troncales de gas en el país”.
Esa situación involucra al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, a su segundo, Roberto Baratta, y a R., quien habría oficiado como gestor e intermediario en los supuestos pagos ilegales.
Este tramo de la investigación está a cargo del juez Daniel Rafecas y del fiscal Carlos Rívolo, quien subroga la fiscalía que ocupó hasta su muerte Federico Delgado.
El artículo sostiene que “las sospechas se centran en el entonces ministro De Vido, su mano derecha, Roberto Baratta, el entonces secretario de Energía, Daniel Cameron, y el lobista J.R., como también en los máximos ejecutivos de Odebrecht en la Argentina, además de las empresas a las que se asoció en el país”.
Una parte del expediente ya fue elevado a juicio oral (aunque todavía no hay fecha de debate) pero Rafecas continúa con un remanente de la investigación.
Según La Nación, el juez “podría avanzar” sobre otros presuntos implicados, entre ellos R., “por su presunta participación en actos de corrupción”.
Esta etapa de la investigación Rafecas busca “reconstruir cómo habría sido la ruta del dinero a través del Caribe, Estados Unidos y Uruguay, hasta llegar a las manos de funcionarios argentinos”, añade el reporte.
La versión del empresario
Fuentes cercanas al empresario indicaron que "en la totalidad de la documentación que fuera remitida en julio 2022 no hay ninguna mención a Jorge R, como ha trascendido erróneamente o con mala intención".
Fue en respuesta a distintas versiones periodísticas que surgieron recientemente, en las que se hacía referencia a la presunta nueva información que llegó de Estados Unidos.
Adujeron que, adicionalmente, "en su momento, el propio fiscal a cargo de la investigación, Federico Delgado, había destacado que el material enviado no aportaba nada nuevo".
Asimismo, adelantaron que, “realizado un visionado de la información aportada, no aporta nuevas líneas de investigación de los sucesos de cohecho trasnacional respecto de las obras de AySA por parte de la empresa brasileña Odebrecht”.
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