El proyecto de ley de Presupuesto para el año próximo acapara todos los ojos y oídos, pero los diputados de la provincia de Buenos Aires se disponen a debatir también, primero en comisión y luego en el recinto, otra iniciativa enviada por el gobernador Axel Kicillof: la que dispone crear una pensión vitalicia para reparar el daño sufrido por quienes hayan sido víctimas de violencia institucional por parte del Estado bonaerense, en razón de su identidad de género.
El universo al que apunta el proyecto son las personas mayores de 40 años que hayan sido perseguidas, encarceladas, multadas, golpeadas o lesionadas por manifestar una disidencia sexual o identidad de género atacada.
De convertirse en ley, se trataría de un avance que vendría 14 años después de la modificación de otra norma bonaerense que, tristemente, penaba el travestismo y calificaba de “viciosas” las relaciones homosexuales, y apenas cuatro años después de la despenalización de la prostitución en la Provincia. Así, el Estado provincial pasa de perseguir y penalizar a las personas homosexuales, transexuales y travestis a protegerlas y reparar el daño que sufrieron por parte del mismo Estado.
El proyecto enviado por Kicillof crea una pensión graciable por un monto equivalente al de tres salarios básicos de un ingresante a la administración pública bonaerense (es decir, del personal cuyo régimen laboral rige la Ley 10.430), que sería vitalicia y se pagaría todos los meses.
Este beneficio alcanzaría a “las personas mayores de 40 años que hayan sido detenidas, privadas de su libertad y/o sancionadas con multa por causas relacionadas con su identidad de género como consecuencia del accionar de las fuerzas de seguridad de la Provincia o por disposición de autoridad judicial o del Ministerio Público”. Es decir que se procura reparar el daño infligido tanto por agentes del Ejecutivo bonaerense como del Poder Judicial de la Provincia.
El monto previsto aumentará un 30% si la persona “hubiese sido víctima de lesiones gravísimas, según la clasificación que hace el artículo 91 del Código Penal de la Nación”, dispone la iniciativa oficial. Y el incremento será del 50% “cuando se acredite una incapacidad psicofísica, producto del hecho de violencia institucional por motivos de identidad de género, que determine una disminución de su capacidad laboral”.
Compartir