El juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli iniciarán mañana el juicio oral contra el agente de la Policía Federal, Américo Balbuena, acusado de haberse infiltrado como espía (“pluma”, en la jerga propia) en la Agencia Rodolfo Walsh fingiendo un rol de periodista.
La situación de Balbuena fue advertida por “Iosi”, el espía que reveló su infiltración en organizaciones judías a los periodistas Horacio Lutzky y Miriam Lewin, y dio lugar a una exitosa serie en la plataforma Amazon.
Iosi contó a los periodistas que había “un infiltrado” en la Agencia Rodolfo Walsh y a partir de una investigación interna fue identificado y llevado a juicio diez años más tarde.
Las querellas, representantes de la Agencia Walsh y de las organizaciones supuestamente espiadas, estarán representadas por los abogados Myriam Bregman, Matías Aufieri, Liliana Mazea y Carlos Platkowski.
Según la acusación, Balbuena y otros dos policías que también llegarán a juicio, Alejandro Sánchez y Adolfo Ustares, realizaron tareas de espionaje ilegal sobre organizaciones políticas, estudiantiles, de derechos humanos, conflictos de trabajadores, familiares de Cromañón y de víctimas de la trata.
“Es inusual lograr que sean enjuiciados espías que se infiltran en organizaciones políticas, en medios de comunicación, o entre manifestantes. En este caso además se juzga a dos jefes de dicho espía, lo cual denota la responsabilidad institucional y del Estado”, explicó la diputada Miriam Bregman.
Balbuena integraba el Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal y al declarar en indagatoria sostuvo que "la actividad que realizaba era un hobby personal, que realizaba ocasionalmente, sin ninguna relación laboral, fuera de horario de servicio y sin interferir con el mismo".
Ese argumento del periodismo como pasatiempo se confronta con los relatos de quienes compartieron tareas durante una década y con información sobre ellos hallada en dependencias de la Policía Federal como parte de la investigación.
El tribunal programó tres audiencias, os días 14, 15 y 16 de marzo, en el edificio de Comodoro Py 2002.
La ley 25.520, también conocida como “ley de Inteligencia, prohíbe investigaciones sin un requerimiento judicial, así como la obtención de información sobre personas por “opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales”.
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