En un curioso giro de la causa de Generación Zoe, una jueza de Control de la ciudad cordobesa de Villa María ordenó que se le devuelvan a Héctor Luis Yrimia, uno de los prófugos que permanece escondido en Dubai, unos 600 mil dólares que se le habían incautado en un allanamiento, llevado adelante en el marco de la causa que investiga qué pasó con el dinero de los ahorristas estafados en un gigantesco esquema Ponzi.
Yrimia (quien tuvo un paso por la justicia como juez y fiscal) era director jurídico de la empresa montada por Leonardo Cositorto y una de las personas clave en el montaje legal de la firma. Cuando cayó la empresa a comienzos de este año, abandonó el país rumbo a Emiratos Árabes Unidos, de donde jamás volvió a pesar de los repetidos intentos de la justicia cordobesa por lograr que sea detenido. Hoy cuenta con un pedido de captura de Interpol.
Yrimia, mediante sus representantes legales, había solicitado a la jueza de Control María Soledad Dottori, de Villa María, que le restituya los 600 mil dólares que le habían secuestrado en distintos allanamientos realizados en sus domicilios de Buenos Aires. Según sostuvo, se trata de dinero “de su padre”.
Los allanamientos y secuestros de bienes había sido ordenados por la fiscal Juliana Companys, quien lleva adelante la causa que investiga la estafa en la provincia de Córdoba. Según sostuvo, estos 600 mil dólares son “dinero proveniente de los inversores estafados” que no se pudo llevar Yrimia cuando se “fugó al exterior”, una vez enterado de la investigación judicial.
“Vamos a apelar la decisión”, afirmaron fuentes judiciales. Según explicaron, desde la fiscalía presentaron todos los papeles a Dubai para lograr la extradición pero el pedido se enrieda en trámites burocráticos. Argentina y Emiratos Árabes no tienen convenio de extradición. “Se presentó una vez y nos pidieron cuatro aclaraciones, que se hicieron todas. Se tradujo al árabe y cancillería fue la que lo gestiono ante el juez emiratí”, comentaron.
Yrimia incluso amagó con presentarse ante la justicia dos veces en lo que va del año. Había afirmado a través de sus abogados que se presentaba a derecho, pero luego jamás pudo ser detectado.
En junio había lanzado una ofensiva contra la fiscal Companys, cuando su padre Héctor Yrimia la demandó por 10 millones de dólares por “daños y perjuicios”. Había sido por el dinero incautado en los allanamientos realizados en Buenos Aires. El mismo que la jueza Dottori ahora ordenó restituirle.
Hasta el momento, son 176 los ahorristas damnificados, aunque la fiscal estima que son más de 1050, al sostener que más de 880 no denunciaron las estafas. En la instrucción de la causa, que todavía está en proceso, se contabilizaron estafas por USD 2 millones y $15 millones, aunque estimó que la cifra podría superar los USD 120 millones.
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