El gobierno nacional convirtió en víctimas de una verdadera estafa a amplios sectores de la producción y el trabajo, que en el caso del sector agropecuario se traduce, además, en una entrega de autonomía y en la subordinación al servicio de intereses externos. Con cada medida, Milei está reduciendo a los productores a ser esclavos de un saqueo.
La eliminación transitoria de retenciones, anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, funcionó como un golpe de efecto que benefició exclusivamente a un puñado de grandes cerealeras exportadoras. En cuestión de horas, esas empresas declararon ventas futuras al exterior por más de US$7.000 millones, -equivalentes a casi 20 millones de toneladas de granos- y, en menos de 72 horas, obtuvieron ganancias extraordinarias cercanas a US$1.700 millones, en claro detrimento de los pequeños y medianos productores, que nunca llegaron a recibir el supuesto alivio fiscal.
Este mecanismo habilitó a las cerealeras a registrar operaciones por volúmenes que probablemente no poseen en stock, lo que en la práctica significa que la carga impositiva seguramente termine recayendo sobre los productores. Con esta estafa, Milei demostró una vez más que gobierna para el sector financiero y los grandes actores concentrados, mientras profundiza la asfixia a los medianos y pequeños productores que son los que motorizan la economía de este país.
Este daño se enmarca en un escenario particularmente adverso para los productores agropecuarios, sobre todo para quienes sostienen las economías regionales. A la suba constante de los costos de producción se le suma la caída del consumo interno, el encarecimiento relativo de las exportaciones y los insumos, como consecuencia de la política cambiaria, y la concentración acelerada de tierras que, a su vez, eleva los costos de los alquileres. En este esquema hostil, producir se ha vuelto un negocio poco rentable. El resultado es un escenario que expulsa a los pequeños y medianos productores, que, sin políticas públicas que los respalden, quedan expuestos a sequías, inundaciones y otras contingencias que podrían evitarse.
El vaciamiento del INTA, organismo descentralizado, con profundo arraigo territorial y fundamental para incorporar innovación tecnológica y valor agregado al sector, constituye una muestra clara de que las decisiones del gobierno nacional no responden a criterios de eficiencia fiscal, sino a una estrategia orientada a debilitar la soberanía productiva del país.
En esa misma lógica se basa la política de alineamiento automático con los Estados Unidos, relacionada, a su vez, con el endeudamiento serial al que nos están sometiendo. Bastó que Scott Bessent, secretario del Tesoro norteamericano y elogiado públicamente por Milei, manifestara en un tuit su oposición a las retenciones 0, para que el gobierno argentino diera marcha atrás con la medida. Eso sí, no sin antes garantizar que las grandes cerealeras se aseguraran este beneficio extraordinario. El “pedido” de Bessent puso en evidencia la pérdida de autonomía del país en materia de políticas agropecuarias, que quedan sometidas a la presión que ejerce el lobby de los farmers estadounidenses.
En este sentido, si la Argentina quiere construir un modelo de desarrollo sólido en el siglo XXI, es imprescindible redefinir la política agropecuaria para facilitarle a los pequeños y medianos la incorporación de tecnología e innovación. El objetivo debe girar en torno a la capacidad de generar mayor producción con más valor agregado y alejarnos, así, de un modelo que nos somete a una reprimarización de nuestra economía en beneficio de unos pocos.
Entre la concentración y la organización, entre la especulación financiera y la producción con arraigo territorial y valor agregado, se juega el presente y el futuro de un sector fundamental para el desarrollo de nuestro país. Lo que está en riesgo no es solo la subsistencia de miles de productores, sino también la soberanía argentina.
Jorge Taiana
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