El Gobierno nacional, bajo la representación del embajador argentino en la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, Diego Sadofschi, denunció ayer “violaciones a los derechos humanos” en la República Bolivariana de Venezuela por parte de la gestión de Nicolás Maduro y solicitó su arresto junto al del mandatario Diosdado Cabello, los máximos referentes del gobierno chavista.
En la conferencia, llevada adelante en la CPI, Sadofschi indicó que la situación en el país caribeño “se ha deteriorado aún más tras las fraudulentas elecciones de julio de 2024” y ese suceso “exige una atención inmediata”.
“Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes contra la humanidad que perpetra el régimen venezolano requieren investigaciones rigurosas, pero expeditivas, incluyendo el dictado de órdenes de arresto contra sus principales responsables. La decisión de la Argentina de no bloquear el consenso en torno a esta cuestión, lejos de entenderse como un gesto hacia Venezuela es, en realidad, una muestra del compromiso de la República Argentina con la CPI y del valor que le otorga a la labor de esta Asamblea”, señaló el funcionario.
Sin embargo, la respuesta de su colega venezolano, Héctor Constant Rosales, no se hizo esperar y pidió la palabra para calificar al gobierno de Javier Milei de ser un “falso defensor” de los derechos humanos y le enrostró el que Argentina votó contra la resolución sobre la tortura y penas crueles, inhumanas y degradantes en Naciones Unidas.
Sadofschi solicitó la palabra nuevamente y contestó el mensaje de Rosales “rechazando” sus términos y expresiones “agraviantes”, además de recordarle que Argentina “ha sido siempre comprensiva ante las dificultades financieras” que establecen los estados-partes de esa Asamblea.
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