El fondo Burford Capital le pidió a la jueza de Nueva York Loreta Preska que autorice la transferencia a su favor del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino desde que expropió la compañía en 2012.
La solicitud se sustenta en el incumplimiento de un fallo que obliga al país a abonar U$S16.100 millones por la expropiación.
Burford adquirió los derechos de Petersen Energía, empresa de la familia Eskenazi, que estaría asociada en un 30% del cobro si la Justicia falla a favor del fondo. El fondo quiere a su nombre todas las acciones que el Estado argentino tiene en YPF. La demanda que ya lleva más de 9 años de trámite, y está en proceso de apelación, llegó después de que la jueza Preska fallara en contra del país y lo encontrara culpable de expropiar mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidente.
Burford había solicitado días atrás quedarse con el paquete accionario, en un pedido secreto. Argentina pidió que se hiciera público, Preska aceptó y la noticia trascendió ayer.
“La ley de Nueva York otorga al Tribunal la autoridad para ordenar a Argentina que transfiera sus intereses de propiedad en sus acciones de YPF a los demandantes a través de una cuenta de custodia global”, consideraron los demandantes sobre este nuevo pedido a la jueza Preska. Con el cambio de gobierno, se modificó la defensa de la Argentina en los tribunales estadounidenses y se amplió el plazo que tiene el país para responder sobre cómo pagará el fallo que tiene pendiente, pero Burford mantiene la presión judicial con este nuevo reclamo.
Este fondo que realizó la presentación judicial, continuó el litigio iniciado por los accionistas Petersen Energía Inversora y Eton Park Capital Management LP, quienes, según documentos judiciales, tenían derecho a un 70% y 75% de los daños, respectivamente.
Del monto total fijado contra el Estado, el 90% de los U$S16.100 millones corresponde al caso de Burford Capital en representación de Petersen Energía y Petersen Inversora. De ese total (U$S14.490 millones), Burford Capital se quedaría con el 35% (U$S5.070 millones). Luego figuran con el 24,4% fondos de alto riesgo que compraron participaciones en las ganancias de Burford, y cuyos nombres no se han hecho públicos, el Madrid Liquidating Trust, síndico liquidador de las empresas Petersen que estaban radicadas en España y los abogados de Burford Capital se llevarían U$S1.540 millones, según Bloomberg.
Burford Capital, el ganador y principal beneficiario del juicio, ya había reclamado en febrero pasado información acerca de las acciones de la petrolera en manos del Estado y sobre otras expropiadas a Repsol, así como cuentas y activos valuados en U$S1 millón o más, el swap de monedas con China, concesiones para la exploración de recursos naturales y situación de Aerolíneas Argentinas, Arsat, Enarsa y Banco Nación, todas empresas públicas.
Según Sebastián Maril, de Latin Advisors, el pedido incluyó también a las acciones de YPF que están en manos de las provincias. “En noviembre del año pasado, Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio”, dijo Maril.
La ley de Expropiación dice que “se encuentra prohibida la transferencia futura de las acciones sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros’”, indicó el experto. En la última apelación de la Argentina, la jueza había sacado a la petrolera del juicio como parte responsable, pero luego durante la última semana de marzo, Burford volvió a pedir que se la incluya, por lo que esta nueva acción se relaciona con el pedido realizado hace menos de un mes.
Consideró que esto ocurre porque la Argentina “no puso una garantía en enero como estaba previsto y porque no hay negociaciones con los beneficiarios del fallo”.
“Sí que es factible que la jueza autorice el traspaso de las acciones. Ya dijo que podían ser utilizadas como garantía. Si eso pasa y el Estado no cumple entraría en desacato con la corte norteamericana, algo que ya pasó con el juez Thomas Griesa, hace casi 10 años. Entrar en desacato una vez más con una corte americana sería complicado. Creo que lo que quiere Burford es negociar, hacer ruido”, indicó.
A comienzos de marzo se supo que comenzaron a llegar los pedidos de reconocimiento de la sentencia, el paso previo a las solicitudes de embargo de bienes del Estado. Argentina apeló la medida, pero nunca presentó avales por los USD 16.100 millones y ello desencadenó la actual solicitud de traspaso de acciones.
En los últimos días de 2023, el presidente Javier Milei aseguró que Argentina no dispone del dinero para hacer frente al juicio, aunque dijo que sí tiene “willing to pay” (voluntad de pago). E incluso manifestó que propondría un nuevo impuesto para cancelar la deuda, al que llamó “tasa Kicillof”, para que los argentinos recordaran los “desaguisados” del actual gobernador bonaerense.
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