El Presidente de la Nación prometió hacer un ajuste que lo pagaría lo que él denomina ‘casta política’, y que los trabajadores recibiríamos los beneficios de ese recorte. Pero su primer acto de gobierno es un Decreto de Necesidad y Urgencia que, entre otras muchas medidas arbitrarias, anticonstitucionales y lesivas de un vasto número de derechos civiles, comerciales y sociales, introduce una feroz reforma laboral regresiva cuyo único objetivo es disciplinar a los trabajadores, cercenar la actividad sindical y solo privilegiar intereses empresariales", denunciaron.
En otro pasaje del texto, los sindicalistas convocantes remarcaron que "el orden y la libertad de una República comienza por el irrestricto respeto hacia la Constitución Nacional y al equilibrio de los tres poderes del Estado", y cuestionar los preceptos de necesidad y urgencia que atribuye el fundador de La Libertad Avanza para impulsar el paquete de reformas.
"Arrogarse facultades legislativas, que no son de su competencia, y utilizar toda esa fuerza para arrasar con la legislación laboral", indicaron al tiempo que plantearon que cualquier plan de Gobierno que exija modificación, derogación o creación de leyes debe, imprescindiblemente, pasar por el debate parlamentario.
Para la CGT, el DNU de "desregulación" de la economía "está viciado de origen y por lo tanto es nulo de toda nulidad", por lo que le exigieron a la Justicia que cumpla con la función de contralor del Poder Ejecutivo y declare lo inconstitucional. "Frente al atropello irracional de unos de los poderes del Estado, los trabajadores acudimos a la Justicia para que vuelva a equilibrar el funcionamiento de la República", indicaron los representantes de los trabajadores.
En alusión a las declaraciones del Gobierno, desde la central plantearon: "No lo hemos hecho ni por sadismo ni por corrupción , lo hacemos por la responsabilidad que nos cabe de representar los intereses individuales y colectivos para los que fuimos elegidos en cada organización gremial, en defensa de los derechos de todos/as los y las trabajadores/as y de la ciudadanía en general".
Por último, remarcaron que "ser legal es respetar la Constitución Nacional. Ser legítimo es convencer a las mayorías" y que si no se respeta ese esquema "se corre el riesgo de no ser respetado. Y de no ser República".
"No se confunda, señor Presidente, no somos la casta, somos los trabajadores", concluyeron.
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