El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, envió ayer a la Legislatura local un proyecto para eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito, con el propósito de “aliviar la carga del peso muerto del Estado a la gente que trabaja y produce”, a la vez que volvió a acusar al Gobierno nacional de “incumplir” el fallo de la Corte Suprema respecto a la devolución de los fondos de coparticipación.
En ese sentido, el gobierno de la Ciudad reclamó ante la Corte Suprema de Justicia que se embargue la cuenta del Banco Nación en reclamo de una deuda de 44.000 millones de pesos a raíz del nuevo porcentaje de fondos coparticipables que fue ordenado por el máximo tribunal en diciembre pasado.
Hasta el momento, el Gobierno se negó a transferir esa cifra de contado y ofrece un bono que rechaza la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
La iniciativa para abolir el impuesto llegó ayer a la tarde al Parlamento capitalino y sería parte de los temas que los legisladores pondrán en tratamiento en la primera sesión ordinaria del año, prevista para el jueves próximo, durante la cual el oficialismo porteño requerirá de al menos unos 40 votos de los 60 escaños en total para la sanción.
“Yo había dicho que era algo temporal y lo voy a cumplir. Esto es una baja de impuesto que beneficia a la gente”, dijo Larreta en conferencia de prensa.
En ese marco, se comprometió a “bajar impuestos” si llegara a competir como candidato a presidente.
“Vamos a reducir el peso muerto del Estado sobre los que trabajan, los que producen y quieren invertir y generar trabajo. Esta es una solución concreta que muestra lo que necesita la Argentina y lo que yo pienso si llego a la Presidencia”, dijo.
Durante su discurso, el jefe de Gobierno porteño cuestionó que, “en un contexto difícil de crisis, el Gobierno nacional no sólo no presenta soluciones sino que, además, no respeta la democracia, la República”.
Y sostuvo que, “en diciembre, la Corte Suprema dictó un fallo que obliga al Gobierno nacional a devolverle a los porteños que nos sacaron. Pero pasaron dos meses y el Gobierno nacional no cumple con el fallo”.
El litigio entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires comenzó en septiembre de 2020, cuando el presidente Alberto Fernández decidió redistribuir un porcentaje de los recursos asignados por el expresidente Mauricio Macri a la Capital Federal por el traslado de la fuerza de seguridad, por considerarlo “excesivo”, lo que luego se determinó por una ley del Parlamento nacional.
Entonces estableció la tasa que hasta ahora impacta en los consumos de las tarjetas de crédito radicadas en Buenos Aires, del 1,2%.
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