A contramarcha de la postura de Cristina Kirchner, la Cámara Federal determinó que la agrupación Revolución Federal no conformó una asociación ilícita que buscaría imponer sus ideas por la fuerza o el temor en los días previos al atentado contra la vicepresidenta.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi resolvieron confirmar los procesamientos de los cuatro integrantes de la agrupación, aunque le bajaron la calificación al delito: los acusaron por incitación a la violencia colectiva.
En minoría, el tercer juez, Mariano Llorens, aseguró que las manifestaciones de Jonathan Morel y sus compañeros políticos estaban amparadas en la libertad de expresión y no podían perseguirse penalmente. Argumentó con un fallo que había favorecido a la fallecida presidenta de las Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini.
“La existencia de un puñado de personas protestando frente a la entrada de la calle Villate en la localidad de Olivos -una docena- más allá del objetable contenido de su discurso, no puede considerarse como una acción capaz de interrumpir un acto de gobierno y me permite inferir que con ese tipo de acciones Revolución Federal no tuvo la capacidad de alterar la paz social, más allá de la entidad que quiere darle la querellante, pero que, por ahora, solo tiene apoyo en el énfasis que le dan los abogados de esa parte en sus alegatos”, señaló Llorens en uno de los párrafos del fallo de una resolución de 29 páginas.
Una vez más, la Cámara Federal volvió a separar el caso de Revolución Federal del ataque a la vicepresidenta.
“La prueba producida en autos no permite tener por corroborado la generación de efecto alguno derivado de la conducta reprochada a los imputados, descartándose toda aseveración que al respecto se ha efectuado”.
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