En una semana en la que sufrió el desplante de la Selección, que decidió no visitar la Casa Rosada y sí mezclarse con una sociedad pletórica de felicidad, el Gobierno se alejó del fervor mundialista y aceleró la confrontación contra la oposición y la Justicia. El “alzamiento” contra la Constitución que denuncia Juntos por el Cambio luego que el Ejecutivo, con el respaldo de la mayoría de los gobernadores peronistas -pero sin Córdoba ni Santa Fe-, decidiera no acatar el fallo de la Corte Suprema preanuncia un año electoral de extrema tensión, con un Congreso paralizado -la falta de acuerdo truncó, por caso, la sesión en Diputados del último miércoles- y muchos interrogantes sobre el andar de una economía aún en crisis.
Fueron días intensos en los que Alberto Fernández implementó dos medidas inéditas desde finales de 1983: decidió “vaciar” la Casa Rosada de personal y de prensa acreditada para forzar la visita de un plantel campeón del Mundo que no se dejó seducir y, como ayer dijo Horacio Rodríguez Larreta, fue el primer presidente “desde la vuelta de la Democracia” que desconoció “un fallo de la Corte” que, en este caso, devolvía recursos a la capital federal cooptados por Nación en septiembre de 2020.
El respaldo a Larreta
Sin fisuras, en JxC salieron a respaldar la demanda del alcalde porteño y la necesidad de contar el año próximo con más de $250 mil millones para financiar su administración. Y, al mismo tiempo, alertaron que la determinación del Ejecutivo “es la antesala a poner en juego la República y la democracia” porque la Corte “es la última garantía de legalidad”.
Se espera, en este sentido, un período de mayor confrontación con el oficialismo y, quizás, de preeminencia de los sectores más duros de la coalición opositora. Tanto Larreta como Elisa Carrió, quizás conscientes de la imposibilidad de reunir las dos terceras partes de la Cámara de Diputados para avanzar en dicho proceso, anticiparon que denunciarán penalmente al Presidente y a los funcionarios que resistan la aplicación del fallo judicial.
En el armado opositor argumentan que es la Provincia la que se queda con la mayor parte de los recursos que ahora le retiene la Nación a la CABA. Por eso rechazan que con la “corrección” propiciada por la Corte esté en juego el federalismo. Es que previamente varios mandatarios provinciales sacaron del arcón de los recuerdos la batalla entre unitarios y federales que se libró en este amplio territorio en el siglo XIX.
Más allá del malestar de muchos gobernadores peronistas por una resolución que les quita fondos para luego transferirlos a la “ciudad más rica del país” -desconociendo el carácter de “provincia” que le otorga el máximo tribunal a la capital federal-, el nuevo conflicto de poderes le da una oportunidad al Frente de Todos para mantenerse unido en medio de las violentas discusiones internas y la persistente crisis económica.
Cohesión política
En los hechos, el Gobierno logra cohesión política y da un guiño a Cristina Kirchner que viene de acusar a la Justicia de integrar “una mafia” que la tiene como víctima. También el kirchnerismo gusta de esta disputa porque busca garantizar los fondos para la provincia de Buenos Aires, su bastión electoral y donde en 2023 intentará refugiarse ante el temor de una derrota electoral a nivel nacional. “No estamos pidiendo una actualización de las transferencias sino que negociamos en forma permanente”, concedieron cerca de Axel Kicillof, que el viernes “copó” Casa Rosada con un equipo de colaboradores entre los que se contaba el ministro Julio Alak (Justicia).
El pedido de recusación a los cuatro cortesanos y la decisión de no actualizar el goteo por Coparticipación a la capital en un 2,97% le hará ganar tiempo al Ejecutivo por la inminencia de la feria judicial. Pero seguramente cuando el máximo tribunal vuelva a operar a pleno, rechazará la maniobra urdida por el oficialismo y podría “ejecutar” la sentencia vía embargos de las cuentas, por caso, del Banco Nación.
Pero en lo inmediato este plan sirve para homogeneizar incluso a una Liga de Gobernadores del PJ que, como observó uno de los sindicalistas que participó del cónclave en el CFI del lunes 12 de diciembre, carece “de una síntesis que permita inferir un liderazgo” que oriente la estrategia electoral que debería darse el FdT.
La movida de gobernadores
Dos mandatarios peronistas de “provincias grandes”, como Omar Perotti (Santa Fe) y Juan Schiaretti (Córdoba), no acompañaron la embestida contra la Corte y otros cuatro de distritos gobernadores por partidos provinciales (Salta, Río Negro, Misiones y Neuquén), realizaron un tibio acompañamiento a la jugada del Ejecutivo sin rubricar el comunicado conocido en la noche del jueves y reclamando una distribución “equitativa” de los fondos en disputa (en un elíptico mensaje a la Provincia).
El episodio, con todo, provocó durante la víspera cimbronazos en mercados temerosos por la continuidad de la “seguridad jurídica” con un nuevo salto del dólar blue y el riesgo país.
Luego que el FMI aprobara las metas del tercer trimestre del año, y liberara un desembolso de US$ 6 mil millones, en Economía se solazaron que “las medidas macroeconómicas más estrictas adoptadas desde julio están empezando a rendir fruto: la inflación está moderándose, la balanza comercial está mejorando y la cobertura de las reservas está afianzándose gradualmente”. Fue un elíptico espaldarazo a una política de ajuste que se da de bruces con las recetas que, en la intimidad, pregona Cristina.
La Vice el martes volverá a Avellaneda, el mismo distrito en el que en junio pasado durante un acto planteó que la emisión y el déficit fiscal no generaban inflación, y seguramente se subirá a un discurso agrietado y a un nuevo embate contra la Justicia. Es el resultante del “sapo” de tener que validar políticamente el ajuste massista.
Esta semana el Centro de Economía Política de la Argentina (CEPA), muy valorado por la ex presidenta, alertó que de acuerdo a los últimos datos oficiales “se confirma el fenómeno de los ‘trabajadores pobres’: en noviembre los ingresos de la mitad de los asalariados del sector privado quedaron aún 10 puntos por debajo de la línea de pobreza”.
El control del gasto dispara, además, conflictos con sectores supuestamente aliados del oficialismo, como los movimientos sociales que nuevamente ganaron la calle en sintonía con sus pares de la izquierda.
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