El tributarista, César Litvin, planteó que la aplicación del nuevo acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos, anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, podría demorarse, al tiempo que indicó que es necesario “ver la letra chica” del anuncio para ver si el mismo alcanzará sólo a titulares de cuentas.
“Este es un acuerdo hecho a la medida de Estados Unidos”, señaló Litvin, quien recordó que la Argentina viene negociando desde 2016, cuando se firmó un convenio por etapas en cuya última fase - que arranca ahora -, se implementa el intercambio automático. Con ello, se logrará el mismo tipo de convenio que Argentina tiene en el marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que suscriben más de 150 países y del que ya recibe información de contribuyentes en el exterior.
Precisamente, las demoras en el avance del convenio se deben a que en 2016 se produjo una filtración de datos de cuentas de argentinos en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Litvin indicó que “Estados Unidos exige estrictas normas de confidencialidad fiscal e informática” a los países con los que firma este tipo de convenios, que son, en realidad, una decena por lo que consideró que “no se va a implementar inmediatamente”.
El asesor tributario explicó, por otro lado, que “hay que mirar la letra chica” del acuerdo para ver si el mismo va a alcanzar sólo a los titulares de cuentas o si se incluye a los beneficiarios finales.
Entre otros elementos, el tributarista planteó que el convenio permite a Estados Unidos suspender el envío de información como ocurrió con México recientemente.
Una vez firmado, el gobierno mandará al Congreso un nuevo proyecto de blanqueo de capitales, para permitirle a los contribuyentes, que no tienen todos sus papeles en regla, ingresar al mismo y regularizar.
“Hay muchas personas que pueden blanquear pero quieren dejar sus fondos en el exterior”, explicó el tributarista, al recordar la exteriorización de capitales del 2017 del gobierno de Mauricio Macri que no tenía obligación de repatriación.
Actualmente rige un blanqueo que tiene la obligación de invertir los fondos en nuevas obras de construcción, y en breve, cuando se reglamente el Presupuesto 2023, se incluirán viviendas usadas e insumos para la industria.
Precisamente, el blanqueo vigente no funcionó bien porque las personas que exteriorizan capitales prefieren no traerlos al país.
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