La inundación que desde hace nueve meses afecta a amplias zonas de la provincia de Buenos Aires volvió a encender las alarmas en el sector productivo. Según CARBAP, el fenómeno hídrico —que golpea especialmente a la región central del territorio bonaerense— no muestra señales de retroceder y expuso con crudeza problemas estructurales que la entidad viene planteando desde hace años ante autoridades municipales, provinciales y nacionales.
“Todos los niveles de gobierno tienen una cuota de responsabilidad que ya no pueden esquivar”, advirtieron desde la Confederación, al tiempo que remarcaron que la situación actual refleja la falta de ejecución sostenida del Plan Maestro del Río Salado, una obra hidráulica clave para evitar desastres recurrentes.
De acuerdo con cálculos realizados sobre imágenes satelitales tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre, en la cuenca del río Salado —unas 17 millones de hectáreas— se registran aproximadamente 2 millones de hectáreas inundadas o anegadas, además de otras 3,8 millones de hectáreas afectadas. Estas últimas, aun sin agua visible, quedaron fuera de producción por falta de piso, caminos intransitables y ausencia total de accesibilidad para maquinaria.
“En los hechos, son hectáreas que se pierden. Son familias, economías regionales y empresas rurales que hoy no pueden planificar ni producir”, expresaron.
Frente a este escenario, CARBAP lanzó un pedido concreto y definió un horizonte que calificó como “urgente e innegociable”: para el año 2030, el Plan del Salado debe estar terminado en su totalidad. La entidad subrayó que no se trata de un slogan ni de un deseo, sino de una “obligación moral, productiva y social” cuya concreción afecta directamente a miles de familias rurales y a millones de bonaerenses.
“No estamos pidiendo lo imposible. Son obras hidráulicas básicas. Argentina tiene técnicos, ingenieros y maquinaria disponible. La capacidad existe; lo que falta es decisión política”, señalaron. En ese sentido, cuestionaron el argumento de la falta de recursos: “En esta cuenca sí hay plata: la generan los productores y la recaudan los tres niveles del Estado todos los años”.
CARBAP insistió en que la fecha límite del 2030 no debe interpretarse como una meta aspiracional, sino como un compromiso concreto de gestión. “Quienes gobiernan hoy —y quienes gobernarán mañana— deben asumir un compromiso público, explícito y verificable para cumplirlo”, reclamaron.
Finalmente, la entidad rural remarcó que las consecuencias de la inacción afectan no solo a la producción, sino también a la vida cotidiana del interior profundo: “Las inundaciones no esperan. La producción no espera. La familia rural, la educación, la salud, la seguridad y el futuro del interior productivo tampoco pueden seguir esperando”.
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