En lo que va del gobierno de Javier Milei, los productores e industriales agropecuarios resignaron seis puntos de su renta al dejarle al Estado (94% nacional, 5% provincial y el resto municipal) el 65% de lo que perciben, desde el 59% que había marcado en la última medición. al 65%.
Así lo refleja el índice de los impuestos elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada), que estimó que este resultado es producto de la suba de costos y la caída de precios.
Más allá de que la cosecha que se espera de soja y maíz casi duplique a la obtenida en la fatídica campaña 2022/23, en el campo se empieza a sentir un sinsabor porque las cuentas ya no serán tan buenas como se pensaba. Esto es así porque la suba de costos productivos y la baja de los precios internacionales de los granos provocaron, entre otras cuestiones, que la presión impositiva sobre el sector escale seis puntos porcentuales respecto al trimestre pasado y hoy el Estado se lleve el 65% de la renta del sector. Este porcentaje choca, cuanto menos en los papeles, con los objetivos que desde el Ejecutivo a cargo de Javier Milei se enarbolaron como horizonte, es decir, morigerar la carga estatal sobre la renta del productor.
De acuerdo a la entidad, ese 65% se divide en tres tentáculos muy dispares, con un 94% de la carga proveniente desde la Nación, un 5% desde las provincias y el resto a niveles municipales. “El índice subió 6 puntos desde la última medición de diciembre, y los principales motivos son la suba de costos y la caída de precios”, explicó Nicolle Pisani Claro, Economista Jefe de FADA.
“Para entender por qué aumentó la presión tributaria hay que detenernos en qué mide el Índice FADA: cuánto de la renta agrícola se va en impuestos. La renta es el resultado de restarle los costos de producir al valor de esa producción que hacemos. Si cae el precio o suben los costos, la renta se achica. Pero el tema es que los impuestos no se reducen en la misma proporción que la renta, es más, casi que no lo hacen. Es por esto que cuando el valor cae o los costos suben, la participación de los impuestos sobre la renta aumenta.
Esto es lo que arrojó esta medición, por eso el Índice FADA es 6 puntos mayor que la última edición”, agregó Pisani Claro.
“En cuanto a los costos de insumos, el informe revela que los fletes se incrementaron 42% en pesos, frente a diciembre 2023. La labor de siembra, 59%; y la cosecha, 132%.
Respecto a marzo 2023, se ven aumentos en fletes del 206% y de labores entre 170% y 260%”, agregó Ariño.
En el informe difundido se analiza la estructura de costos de los cultivos de acuerdo a la moneda en la que están expresados. Así, se puede identificar que un 49% de los costos de una hectárea de soja están dolarizados, mientras que los restantes 51% están pesificados. Si se considera el costo de la tierra dentro del esquema de costos, aquellos que son dolarizados en una hectárea de soja pasan a representar el 62%.
En el caso del maíz, como los fertilizantes y semillas tienen más peso que en el caso de la soja, los costos dolarizados ascienden al 53% de la estructura, mientras que los pesificados alcanzan el 47%. Si se considera el costo de la tierra, el peso de los costos dolarizados asciende al 60%.
Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 65%, la participación del Estado en soja es del 68,4%; maíz, 57,3%; trigo, 83,9%; y girasol, 54,1%.
Un aspecto que destaca el trabajo de la Fundación es que, aun con mayores niveles de producción tras la recuperación de la sequía, la caída de precios reduce el valor bruto de la producción. “En este contexto, con menores precios, costos que se incrementan y actualizaciones de impuestos provinciales y municipales, se genera una presión mayor en la participación del Estado en la renta agrícola”, se detalla en el reporte.
La Fundación subraya que, dentro de los impuestos nacionales, el 67% no se coparticipan a las provincias, es decir, no vuelven a las regiones que lo produjeron. “De aquí se desprende la discusión sobre el federalismo de un esquema en el que la mayor parte de lo recaudado no se reparte a las provincias, en una actividad que por definición es federal y está arraigada a las distintas regiones del país”, destacó por su parte Natalia Ariño, otra de las economistas que elabora el Índice.
“Si nos detenemos en las provincias analizadas, vemos que Córdoba registra un 64,9%; Buenos Aires, 61,9%; Santa Fe, 61,1%; La Pampa, 62,9%; Entre Ríos, 65,4%; y San Luis, 59,9%. Para medirlo, se conjugan los rindes, los impuestos provinciales y locales, y los fletes, que generan efectos diferenciados sobre cada uno de los cultivos. Así como la proporción de cada cultivo en el área sembrada de cada provincia”, señaló Pisani Claro.
En esta medición en particular se consideraron los incrementos para el año 2024 de inmobiliario rural, tasas y guías municipales. En el caso particular del inmobiliario se han registrado, dependiendo la provincia, incrementos que van desde el 180% (como el caso de Córdoba) hasta 250%.
En la provincia de Buenos Aires, en la Legislatura, la norma estableció una escala de topes progresivos para definir los incrementos para el impuesto inmobiliario rural.
Así, este año ARBA emitió 300.723 partidas rurales y solo 2.138 -es decir, un 0,71% del total- poseen una valuación superior a los $198.940.000 de base imponible, por lo que tienen aumentos por arriba del tope, que fue del 200%, y que llegan al 300%.
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