La Sociedad Rural de Azul presentó ante la Justicia una demanda colectiva contra la Municipalidad de ese partido bonaerense para intentar desactivar la “tasa por servicios esenciales” aprobada a fines del año pasado y que creó el intendente kirchnerista de esa localidad bonaerense, Nelson Sombra, de Unión por la Patria.
La demanda colectiva, que comprende a empresas que representan casi un 30% de la superficie agropecuaria del partido de Azul, se pretenderá demostrar la ilegalidad de la tasa, dado que la misma no está asociada a ninguna contraprestación efectivo de un servicio municipal.
La tasa se aplica desde enero y alcanza a: los inmuebles urbanos por mes, el equivalente a 2 litros de gasoil común a precio surtidor de estación de servicio YPF correspondiente al día 10 del mes en que se efectúe la liquidación. Para los inmuebles urbanos ubicados en las localidades de Chillar, Cacharí y 16 de Julio, por mes, por hectárea, el equivalente a un litro de gasoil. Para los inmuebles rurales
Los 190 socios de la Sociedad Ruubicados en los cuarteles II, V, VI, VII, VIII y IX, por mes, por hectárea, el equivalente a un litro de gasoil. Para los inmuebles rurales ubicados en los cuarteles III, IV, XI, XII y XIV, por mes, por hectárea, el equivalente a 3/4 litros de gasoil. Para los inmuebles rurales ubicados en los cuarteles X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX y XXI, por mes, por hectárea, el equivalente a medio litro de gasoil” ral de Azul iniciaron acciones legales contra la Municipalidad de ese distrito en la provincia de Buenos Aires.
La demanda colectiva “en defensa de los ciudadanos azuleños”, busca detener la implementación de una nueva tasa municipal bajo la denominación de “Tasa por Servicios Esenciales”.
El anuncio llega después de un prolongado “esfuerzo gremial” y numerosas advertencias sobre la posible “ilegalidad de la medida”. La entidad, que representa un 30% de las hectáreas rurales del partido, considera que la imposición del impuesto afecta tanto a los ciudadanos urbanos como rurales. “En mayor o menor medida, la arbitrariedad afecta a la totalidad de los ciudadanos. Hubiéramos preferido ser escuchados, pero, ante la inflexibilidad, no quedó otra que accionar judicialmente, en defensa de los azuleños, en contra de nadie”, afirmaron desde la entidad.
En ese sentido, la determinación de recurrir a la Justicia ya había sido anunciada por agricultores de la localidad cuando el Concejo Deliberante aprobó la nueva carga tributaria en noviembre pasado.
En una decidida acción respaldada por los estudios jurídicos Comparato-Vélez y Bomchil, la Sociedad Rural de Azul avanzó con la demanda que abarcó exhaustivas reuniones informativas, numerosos contactos telefónicos con productores y la meticulosa recopilación de documentos esenciales. La magnitud de la demanda es evidente, ya que “cuenta con el respaldo de 190 socios, representan un 29,2 % de la extensión rural del distrito, equivalente a 190.975.80 hectáreas”.
En tanto, la trascendencia de esta cifra cobra aún más peso al considerar que es solo una de las varias demandas similares presentadas sobre el mismo tema. De manera pública se conoce que otro grupo importante de productores y comerciantes emprendió acciones legales a través de los abogados Moroni y Merbilhaa, además de aquellos que optaron por litigios individuales. Este panorama refleja “un descontento generalizado ante una medida considerada ilegal e inconsulta. Y aguardan con expectativa la corrección que pueda imponer la Justicia”, señalaron.
En tanto, el presidente de la Sociedad Rural de Azul, Hernán Moreno, expresó sobre la reciente presentación judicial. “Estamos en contra de la tasa y de aumentar impuestos, lo que le hace muy mal a toda la actividad privada”, afirmó.
Destacó que en momentos de mayor producción y recaudación de impuestos, el Estado no mejoró su desempeño en áreas de su competencia. También subrayó que los recursos se han utilizado para “seguir comprando votos y no para el crecimiento del país”.
Admitió que aunque seguiría en desacuerdo, sería más fácil afrontar el costo de la tasa si fuera inferior al establecido. En el ámbito local, señaló que el estado municipal reconoce tener una dotación de empleados enorme, más alta de lo necesario, y agregó: “Si las cuentas no cierran, tenemos que empezar a mirar adentro, y gobernar para el Partido y no para el Municipio”.
Sobre los tiempos de la demanda, Moreno indicó que la cautelar debería salir en pocos meses.
La creciente tendencia de llevar a cabo acciones judiciales proporciona una clara señal del rechazo generalizado hacia la medida impulsada por el oficialismo local en Azul. Según las cifras proporcionadas por el intendente Nelson Sombra, la recaudación durante el primer mes de implementación representó apenas un 35 al 40 % de la estimación inicial.
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