La Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de diversas acciones llevadas adelante por la Dirección General Impositiva (DGI) en distintos puntos del país, incautó 18 camiones con más de 600 toneladas de granos de trigo, soja y maíz que habían sido obtenidos en el mercado informal.
Los procedimientos permitieron desarticular maniobras fraudulentas en la comercialización de materias primas por parte de productores apócrifos en las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Salta. Las principales irregularidades detectadas consistieron en la falta de documentación respaldatoria y la obtención de la mercadería de parte de operadores sin capacidad económica ni financiera.
Durante operativos de control caminero en las rutas nacionales 34 y 14, agentes del organismo conducido por Carlos Castagneto interdictaron un total de diez vehículos de carga con 365 toneladas de granos.
En el primer caso, se trató de 8 camiones en la localidad salteña de Aguaray que se dirigían a la zona de frontera con Bolivia con más de 140 toneladas de soja y 145 de maíz. Los inspectores constataron que los destinatarios de la mercadería consignados en la documentación eran sujetos sin capacidad económica y financiera y que las materias primas transportadas tenían una procedencia dudosa.
En tanto, en Entre Ríos el personal de la DGI, junto a miembros de Gendarmería Nacional, interdictó dos camiones con 80 toneladas de trigo provenientes de la localidad de General Almada. Los vehículos se dirigían a la provincia de Buenos Aires, pero fueron detenidos al comprobarse que no contaban con la carta de porte electrónica correspondiente para el transporte de la mercadería.
Por su parte, en el sur de la provincia de Santa Fe, una investigación de las áreas especializadas en actividad agropecuaria que posee el organismo permitieron descubrir una serie de movimientos sospechosos de parte de un contribuyente que planeaba maniobras de evasión por más de 500 millones de pesos.
A partir de esos indicios, la AFIP llevó a cabo fiscalizaciones presenciales en los puertos de Timbúes y de General San Martín, en donde se encontraron e interdictaron 5 y 3 camiones, respectivamente, con 153 y 90 toneladas de soja en cada caso. La misma provenía de Santiago del Estero y había sido producida por un contribuyente que no contaba con capacidad económica ni financiera para justificar su actividad.
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