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Maduro, detenido y trasladado a Nueva York

Denuncias de Caracas y rechazo internacional.

El gobierno de Estados Unidos confirmó este sábado el traslado del presidente venezolano Nicolás Maduro a Nueva York tras un operativo realizado en Caracas, en el marco de una causa judicial que lo acusa de narcotráfico y delitos vinculados al uso de armas. Según Washington, Maduro permanece alojado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde quedará a disposición de la Justicia federal estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo en una conferencia de prensa que su administración “asumirá la conducción política de Venezuela hasta que se produzca una transición segura”, y advirtió que podría ordenar nuevas acciones militares si sectores del chavismo “ofrecen resistencia”. Las declaraciones generaron una inmediata reacción internacional por su alcance y por el impacto que tendrían sobre la soberanía venezolana.

Trump afirmó además que, tras el ataque aéreo contra Caracas —en el que, según fuentes estadounidenses, participaron unas 150 aeronaves—, empresas energéticas de su país pasarán a administrar la industria petrolera venezolana. La Casa Blanca no precisó bajo qué marco jurídico se instrumentaría esa medida.

En el plano interno, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dispuso que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la presidencia de manera interina ante la “ausencia forzosa” de Maduro. Rodríguez reclamó públicamente la liberación del mandatario y calificó la operación como una “violación flagrante del derecho internacional”, al tiempo que aseguró que Venezuela “no será colonia de ningún imperio”.

Desde la oposición, la dirigente María Corina Machado sostuvo en redes sociales que su espacio político está “preparado para asumir el poder”, aunque Trump relativizó su liderazgo y afirmó que no cuenta con el respaldo suficiente para encabezar una transición.

La detención y el traslado de Maduro provocaron reacciones en Europa. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, condenó “con rotundidad la violación de la legalidad internacional en Venezuela” y reclamó el respeto a los principios de soberanía y no intervención consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Juristas y analistas internacionales advirtieron que la captura de un jefe de Estado en funciones en territorio extranjero, sin mandato explícito de organismos multilaterales, abre un precedente de alto riesgo para el orden jurídico internacional y podría agravar la inestabilidad regional.