El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, que venció el pasado 20 de agosto en las urnas con la aceptación del 61% de los votantes, denunció el avance de un golpe de Estado para impedir que el binomio presidencial y los diputados electos por su partido, el Movimiento Semilla, tomen posesión del cargo el 14 de enero próximo. El sociólogo de 64 años, acusó a la fiscal general Consuelo Porras como la principal ejecutora de la avanzada golpista.
El golpe de Estado se dirige “desde las instituciones que deberían garantizar la justicia en nuestro país encabezadas por la fiscal general Consuelo Porras, por el fiscal Rafael Curruchiche y el juez penal Freddy Orellana, así como la junta directiva del Congreso de la República y otros actores corruptos y antidemocráticos”, dijo el presidente electo en un mensaje a la población.
El presidente electo hizo un llamado a la unidad de todos los sectores de la población y fuerzas políticas legítimas a defender la voluntad popular expresada en las urnas y derrotar a las fuerzas golpistas. El mensaje llega en la antesala a una serie de acciones y protestas para pedir la renuncia de Porras como fiscal general y jefa del Ministerio Público. Y se produce en una semana en la que el Tribunal Supremo Electoral oficializó los resultados de las elecciones y, al mismo tiempo, suspendió provisionalmente la personería jurídica del partido de Arévalo, el Movimiento Semilla.
La suspensión responde a la orden que dictó el juez penal Fredy Orellana a pedido del fiscal Rafael Curruchiche, que dirige varias investigaciones contra opositores y operadores de justicia anticorrupción en el exilio. Aunque la suspensión es provisional y fue recurrida por Semilla, la directiva del Congreso desconoció al partido y declaró como independientes a los siete diputados del bloque, incluso a Arévalo, el presidente electo.
Los fiscales Porras y Curruchiche, así como el juez Orellana, a quienes Arévalo señala como responsables del rompimiento institucional, forman parte de la lista Engel de actores corruptos y antidemocráticos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Porras cumple un segundo mandato como fiscal general y jefa del Ministerio Público, electa por el presidente Alejandro Giammattei. La designación de EE UU hacia Porras ocurrió luego de que despidió de forma arbitraria al fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, quien cumple dos años en el exilio. Antes de marcharse, Sandoval denunció que Porras obstruyó varias investigaciones que alcanzarían al presidente Giammattei.
“El aparato de justicia es usado para violar la justicia misma, burlando la voluntad popular expresada libremente las urnas”, dijo Arévalo. “Se está llevando a cabo paso a paso, mediante acciones espurias, ilegítimas e ilegales, cuyo objetivo es impedir la toma de posesión de las autoridades electas incluyendo al presidente la vicepresidenta y nuestros diputados y diputadas al Congreso de la República, debilitando y negando los recursos, la autoridad y la legitimidad que constitucionalmente nos ha conferido el pueblo”, dijo el sociólogo de 64 años, quien es hijo el expresidente Juan José Arévalo Bermejo.
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