En la tarde de ayer, el Concejo Deliberante realizó dos sesiones fundamentales para Pergamino. En la quinta ordinaria, en uno de los temas del orden del día estaba el conflictivo tratamiento para votar la marcha atrás de la declaración de “utilidad pública” al campo de Giacoma, lindero al Parque Industrial de Pergamino. La intención del oficialismo era dar marcha atrás con el camino iniciado en 2016, que quedó en la nada, para permitir un desarrollo privado.
Al inicio de su tratamiento, se debatió un despacho de minoría firmado por la concejal del bloque Frente de Todos, Leticia Conti, en el que solicitó el regreso del expediente a la Comisión de Legislación porque, según su punto de vista y el de su espacio, el mismo presentaba irregularidades y requería mayor tiempo de análisis y debate. Y a su vez, el despacho por mayoría "Presentación de Giacoma y Cia S.A. propone acuerdo de expropiación".
El primero en tomar la palabra fue Francisco Illia, de Juntos por el Cambio, quien defendió el proyecto alegando que se encontra ajustado a regla y agregó que el municipio se haría cargo del control de las tareas que el desarrollador lleve adelante. "El expediente, con los antecedentes que tiene, consta con un dictamen de Desarrollo Urbano, en donde se lo acompaña, un dictamen de la Secretaría de Producción, que ve muy beneficiosa la posibilidad de que se instale una nuevo Parque Industrial en la zona contigua al ya existente, y la aprobación de la Asesoría Letrada, que hizo un informe muy exhaustivo del expediente en todos sus términos y determinó por cierto este convenio tripartito"
"El cual necesita la derogación de la Ordenanza, autorizar al área ejecutiva para que desista de la acción legal entablada en el Juzgado Contencioso y Administrativo, y también levantar la reserva que se realizó en el Registro de la Propiedad Inmueble. Para de esta manera liberar al grupo de desarrolladores que van a adquirir el predio y que van a dar cumplimiento a su utilidad pública como lo pidió el municipio", expresó.
Luego llegó el turno de Leticia Conti, quien expuso que el tratamiento de un expediente que tiene que ver con "el abandono de la intención de un intendente de llevar adelante un emprendimiento de ampliación del Parque Industrial" no puede tratarse en 15 días y con "una sola reunión de comisión".
"No sabemos, debido a que no pudimos lograr que nos den una respuesta coherente, acerca del por qué, desde el año 2018 hasta el día de la fecha, el proyecto de expropiación no avanzó. Para esto debe haber una razón política, porque en todos estos años el municipio gastó un montón de dinero en un montón de cosas, y si el motivo es que no se priorizó el crecimiento industrial que lo digan. Darle el debido tratamiento a este expediente nos realza como Concejo Deliberante porque debemos saber si se trata de un Parque Industrial asociado, o si es una ampliación y sobre cómo se va a conformar el consorcio", sostuvo.
Jorge Dib, de La Libertad Avanza, tomó la palabra y dijo: "Desde nuestro espacio político estamos a favor de la inversión de empresas privadas en la ciudad, pero no nos olvidemos que los concejales también somos representantes del pueblo y como tales tenemos la obligación de transmitir claridad y transparencia en todo lo que ingresa a este honorable recinto. Por eso pensamos que necesitamos más tiempo para analizar este expediente que debería pasar nuevamente a comisión para un tratamiento más profundo".
Luego de las exposiciones, los concejales votaron el despacho presentado por Conti para el retorno del proyecto a comisión y terminó en un empate. Como suele suceder en estos casos, la definición recayó en la votación de la presidenta del HCD, Gabriela Taruselli, quien votó en contra. Esto provocó el enojo de los concejales del Frente de Todos/Frente Renovador y de la Libertad Avanza quienes resolvieron abandonar sus sillas y dejar sin quórum la sesión para el tratamiento del despacho por mayoría "Presentación de Giacoma y Cia S.A. propone acuerdo de expropiación".
Luego de una hora, los concejales regresaron al recinto y decidieron poner la moción rechazada en reconsideración. Acto seguido, la presidenta Taruselli inició la votación a mano alzada y, por unanimidad, fue aprobada, por lo que el expediente regresó para ser analizado en la Comisión de Legislación.
El tema Giacoma calentó el recinto en una noche fría
El proceso de compra comenzó hace unos ocho años, allá por 2016. El Municipio de Pergamino hizo ofertas a sus propietarios, pero nunca llegaron a un acuerdo. Por eso, el Estado Municipal inició el proceso de expropiación declarando el espacio en discusión de “utilidad pública” pero no se avanzó en la expropiación propiamente dicha, que debe ser votada por la Legislatura bonaerense y -además- tiene estrictos pasos fijados por la Ley de Expropiación N° 5708 y la propia Constitución provincial.
Así, luego el tema se enfrió, ya que el Ejecutivo no avanzó con la compra del predio ni en los trámites de expropiación. Y a la familia propietaria se le dificultó (cuanto menos) la posibilidad de vender a privados por aquella declaración.
Fuentes confiables cercanas al Gobierno explicaron a diarionucleo.com que el Ejecutivo dio el visto bueno para darle una solución a la familia, pero con la condición que el futuro comprador debe destinar las tierras a fines industriales.
Claro que esa firma no quiere “comprarse un problema” y quedar en la situación de la familia Giacoma. Y para evitarlo, el municipio debe dar marcha atrás con el expediente de expropiación, trámite que debe pasar por varias secretarías e, inclusive, debe ser tratado -y aprobado- por el Concejo Deliberante, cuestión en la cual no se pudo avanzar porque el tema volvió a comisión.
En 2017, el Municipio le hizo una oferta a la familia propietaria (dejando en claro que no hubo expropiación), pero la consideraron insuficiente. En conclusión, el municipio allí decidió avanzar y presentar un trámite de expropiación, pero la realidad es que después de esa demanda el Estado Municipal debería haber invertido dinero en el desarrollo, pero eso nunca sucedió y quedó como un proyecto a realizarse, situación que traba aún hoy a la familia, ya que casi no tiene potestad sobre el macizo.
Puertas hacia adentro, en el gobierno de Martínez hacen autocrítica y son conscientes que la postura pasiva o de inacción que tomó el Ejecutivo hizo que se llegue a esta situación. Por su parte, desde la oposición critican la celeridad con la que se movió el expediente este año, los tiempos en que se gestó la sociedad que quiere comprar las tierras y los nombres que la integran.
Más allá de todo, lo cierto es que los municipios bonaerenses no tienen la potestad para expropiar sin la intervención de la Provincia de Buenos Aires. En tal sentido, vale recordar que, a nivel nacional el proceso se regula a través de la Ley 21.499, pero las provincias tienen sus propias leyes para hacer expropiaciones. En el caso de los municipios, depende de las leyes orgánicas de cada provincia.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, los Concejos puede declarar la "utilidad pública", pero -para avanzar con la expropiación propiamente dicha- corresponde el dictado de una ley provincial, a los fines de cumplir con los requisitos constitucionales que exige la expropiación.
Lo cierto es que la inacción del municipio hizo que el tema se dilate, generando complicaciones a los dueños del inmueble y dejando la puerta abierta a diversas especulaciones políticas que podrían llegar a la justicia.
Lo fáctico es que hace ocho años que se declaró a la propiedad de utilidad pública y el Municipio no desarrolló el proyecto. Habrá que esperar para ver si el tema llega a la justicia o si queda sólo en especulaciones políticas.
Rendición de cuentas
Luego de finalizar la 5º sesión ordinaria, comenzó la sesión extraordinaria en donde se trató la Rendición de Cuentas 2023. Allí, los concejales del oficialismo explicaron en que se invirtió lo presupuestado para dicho año, cuáles fueron los gastos, qué obras se hicieron y cuáles quedaron pendientes.
Por su parte, desde Frente de Todos/Frente Renovador y de la Libertad Avanza objetaron que durante el año pasado hubo partidas que crecieron mucho menos que otras y expusieron la necesidad de fortalecer los recursos en Desarrollo Social, Producción y Seguridad.
La oposición planteó que observaron que se destinaron muchos recursos en áreas de menor sensibilidad y se descuidaron otras más urgentes.
La votación de los concejales culminó empatada y la definición de Taruselli determinó la aprobación de la Rendición de Cuentas 2023.
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