Entre cruces y chicanas, la inseguridad sigue sin resolverse en Pergamino

La seguridad constituye uno de los tópicos de interés de la ciudadanía más importantes. Desde hace más de una década, se ubica como la primera o segunda preocupación de todos los países de América y es temática fija en la agenda política y mediática. Sin embargo, la seguridad ha estado referida, en general, al orden público, y diversas formas de control social y, su contraparte, a la vulnerabilidad ante el delito, como experiencia o temor.

En Pergamino, sólo por citar un ejemplo, en la última semana en tan sólo 24 horas se registraron no menos de diez robos o hurtos los cuales fueron denunciados por vecinos. El malestar de los pergaminenses (principalmente en Acevedo, barrio San Martín y barrio José Hernández), se hizo notar con distintas marchas solicitando mayor seguridad y generaron repercusiones en el ámbito político y judicial.

En lo que va del 2024, ya se registraron al menos cinco protestas vecinales en todo el distrito. Y los números lo marcan: todos los índices delictivos están en alza desde el fin de la pandemia en Pergamino; particularmente, durante el año 2023 el porcentaje de los diferentes tipos de ilícitos tuvo su pico en relación al 2021 y al 2022.

Idas y vueltas 

Mientras muchos vecinos padecen robos, la esfera política en todos sus órdenes debate responsabilidades. A finales del año pasado, Alex Campbell, senador bonaerense por el PRO, dijo que “el gobernador Kicillof y su ministro de Seguridad son los máximos responsables de la inseguridad que se vive en la Provincia de Buenos Aires”. 

En contra posición, cuando Sergio Berni era ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, criticó al exsecretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, por “querer sacarse la responsabilidad de encima” ante el crimen de Morena, una niña de 11 años asesinada en un robo. 

Esta situación suele repetirse si la fuerza que gobierna en el distrito no coincide con la de provincia. Y en Pergamino también pasa eso. Ante los reclamos de inseguridad, el municipio le solicitó esta semana a provincia la continuidad de la Escuela de Policía mediante una petición formal al Ministerio de Seguridad.

Ignacio Doddi, secretario de Seguridad local, le dijo a diarionucleo.com que “el proyecto de la Escuela de Policía no solo responde a la necesidad imperiosa de aumentar la nómina de efectivos policiales de Pergamino”, sino que también sirve para que la ciudad pueda trabajar en la formación de cadetes con los valores que tienen para aportar el personal de servicio trabaja en la escuela, funcionarios del Poder Judicial y los docentes”. 

A la hora de hablar de la actual nómina policial que tiene Pergamino, Doddi aseguró que el número de la Policía Departamental de Seguridad es de 382 efectivos. Estos están distribuidos en la Jefatura Departamental, en las tres comisarías de la ciudad, la Comisaría de la Mujer y en el Comando de Patrulla. A su vez, cada una de las comisarías tiene agentes operando en destacamentos y puestos de vigilancia. 

El secretario de Seguridad aseveró que de los 382 efectivos de la nómina hay 44 efectivos que están con licencia médica y 114 se encuentran en situación de tareas no operativas y están abocados a tareas administrativas. "Estamos cerca del 40% del personal policial que no está cumpliendo tareas operativas en este momento, es decir, que no están aptos para llevar uniforme y portar armas, y esa es precisamente la tarea que estamos necesitando por parte de los policías para reforzar la seguridad", remarcó Dodddi.

Desde la justicia se hicieron escuchar

Ante diferentes posiciones y en busca de un chivo expiatorio las críticas llegaron a la justicia. El juez penalista Guillermo Burrone le dijo a diarionucleo.com que “Pergamino tiene muchos casos de inseguridad y la política no se hace cargo".

Además, remarcó que “el Poder Judicial es el último responsable en el tema de la seguridad” porque “interviene cuando el delito ya se produjo”; y lo importante es que el delito no se produzca. “A eso se le llama seguridad, está para prevenir el delito y no para sancionar”, expuso.

El funcionario judicial explicó que “si los policías pretenden que todos los delitos sean sancionados de la manera en que ellos quieren empezamos mal”, porque “está demostrado en todo el mundo que el delito no se contiene ni aún con la pena de muerte”. “Si desde el municipio argumentan que la prevención del delito depende de la Provincia, yo me preguntó para qué crearon la Secretaría de Seguridad. Andar pasándose la responsabilidad unos a otros me parece una falta de respeto a la inteligencia de la gente porque está claro que quien se tiene que encargar de la seguridad es la política. Lo más fácil es atribuirle la culpa al sistema judicial, hay que dejar de confundir a los ciudadanos", sostuvo.

El juez sostuvo que los actuales índices delictivos de Pergamino superan a los que se registran en ciudades del mismo tamaño como lo son Junín y San Nicolás. "Hoy hay mucho más delito que antes y no adecuaron la infraestructura. La verdad es que la ciudad tiene muchos casos de inseguridad y la política no se hace cargo de esto. Hace 20 años que vivimos peor en materia de seguridad", concluyó.

Más policías y la alcaldía, ¿la solución?

La falta de personal policial expuesta por Doddi termina siendo un verdadero problema ante los recurrentes delitos. Pero no es el único. En Pergamino se debate desde hace años la necesidad de que el Poder Judicial cuente con una alcandía para que los detenidos no sean alojados en comisarías.

Un informe realizado por diarionucleo.com tiempo atrás dejó en claro que todas las partes involucradas coinciden en la creación de la alcaldía, pero una vez más, el debate sobre quién tiene la responsabilidad de crear un proyecto y que el mismo llegue a concretarse deja al tema trunco.

En tanto, desde el ámbito judicial también dieron su parecer. Horacio Oldani, agente fiscal del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial Pergamino, se mostró a favor de la construcción de la alcaldía. “Si nosotros tuviéramos una alcaldía para 150 o 180 personas la situación sería diferente. Hoy en día algunos institutos no cumplen bien la función de contener a las personas y también se les otorga prisión domiciliaria a aquellos que no cuentan con un contexto personal y familiar favorable y terminan saliendo a robar a pesar de la prohibición de alejarse de su hogar. La sociedad está cansada de estas situaciones y nosotros tenemos que darle una solución diferente".

Por su parte, el juez Burrone, expresó sus razones por las que considera necesaria una alcaldía en la ciudad. "Es un proyecto que es necesario desde hace varios años. Hace un tiempo se modificó el Régimen de Salida de Libertad Condicional y esto causó que se haya taponado mucho el flujo de presos. En el último tiempo aumentaron mucho los delitos que no tienen libertad condicional, como es la venta de drogas y los abusos sexuales, y esto generó una superpoblación de personas detenidas. Por esto no sólo es necesaria la creación de una alcaldía en la ciudad, sino que entre 10 y 15 cárceles más en la provincia de Buenos Aires. E incluso con ese número de centros penitenciarios adicionales no nos sobraría lugar ya que la Provincia alberga al 60% de los presos de todo el país".

Finalmente, el fiscal Fernando D'Elio explicó. "Una alcaldía es muy necesaria bajo la condición que albergue a presos de nuestro departamento judicial. Lo ideal sería tener un centro de detención especializado en el cuidado de los mismos, hoy por hoy se encuentran detenidos de un modo algo irregular en las comisarías y al cuidado de personas que no están capacitadas para realizar esa tarea. El cuidado de los presos está a cargo del Servicio Penitenciario que depende del Ministerio de Justicia. Mientras que nosotros tenemos personas detenidas al cuidado de policías que dependen del Ministerio de Seguridad, y estas son dos funciones totalmente distintas".

Los números a nivel nacional

Según el informe de la Fundación COLSECOR, la percepción sobre la calidad de vida cambia en diversos aspectos. Frente a la pregunta “Si tuviera la posibilidad de mudarse a un pueblo o ciudad pequeña ¿cuán probable sería que se mude?”, el 51,7% de las personas que viven en localidades de más de 100 mil habitantes respondió afirmativamente.

El estudio observó la noción de inseguridad irrumpió fuertemente en los años 90 y se consolidó luego de la crisis del 2001, como una categoría asociada al delito que expresa una demanda hacia el Estado de garantizar un umbral de riesgos aceptable. 

Si se toman estadísticas delictivas, vinculadas con la tasa de victimización, el Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas (LICIP) de la Universidad Torcuato Di Tella recoge y analiza información primaria y de modo permanente. En su último informe de octubre de 2023, señaló que el 34.1% de los hogares en 40 centros urbanos del país fue víctima de al menos un delito en los últimos 12 meses. Este valor implica un aumento de 4.8 puntos porcentuales respecto al valor observado en octubre de 2022 (29.3%). A su vez, 20 de cada 100 hogares reportan haber sufrido un robo con violencia. 

La responsabilidad de los medios de comunicación

Ahora bien, el sociólogo y especialista en la temática, Gabriel Kessler explicó que la alta preocupación de la sociedad argentina por la inseguridad, se debe al indudable incremento de las tasas históricas de delitos, pero se agregan otros factores. En particular, intervienen los cambios en la construcción narrativa de los delitos ante las audiencias mediáticas y digitales y en la sensibilidad frente al tema, junto al déficit que han mostrado las políticas públicas dirigidas al problema. 

Es decir, nunca antes como en la última década los medios depositaron tanta visibilidad al tema (en cantidad de noticias y jerarquía del tema); de hecho, se construyeron secciones de diario bajo la etiqueta de “inseguridad”, antes denominadas policiales. Kessler habló de “sentimiento de inseguridad”, para explicar la centralidad que el tema ha tenido en la opinión pública en las últimas dos décadas.