La publicidad, en el marco de los juegos de casino y las apuestas deportivas, siempre ha sido algo controversial. No sólo en la Argentina; en los últimos años, ya son varios los países que han introducido cambios al respecto o pretenden adaptar su normativa actual. Pero en el caso de nuestro país, una iniciativa empieza a tomar forma y podría suponer un hito a nivel nacional. Bien es cierto que, actualmente, las competencias en esta materia son provinciales; pero la idea sería crear una nueva ley a nivel federal, para restringir la publicidad del juego.
Esto se desprende de la propuesta en el congreso que ha realizado el Defensor del Pueblo de Argentina; quien, al mismo tiempo, ha sido muy crítico con la inversión en publicidad que realizan las empresas de ese sector. La Defensoria del Pueblo se ha basado en diversas investigaciones e informes para llevar adelante esta iniciativa. Para centrar su propuesta, ha querido intervenir en diversos ejes, como son la prohibición de la publicidad, la prohibición de patrocinios deportivos por parte de estas empresas, mayores controles para la edad al acceder a estos juegos y la creación de diversas campañas de concienciación.
A pesar de la potencial prohibición, es cierto que muchos de estos juegos de casino, como Crazy Time y tantos otros, ya han conseguido una popularidad considerable. Por tanto, no son extrañas las búsquedas habituales en internet de las plataformas legítimas argentinas donde poder encontrarlos. La afición existente, en la actualidad, de este tipo de entretenimientos no tiene porqué reducirse por esta medida legislativa. Es complejo eliminar, del imaginario colectivo, míticos entretenimientos como el Blackjack, la ruleta o el Póker. Sin embargo, el objetivo principal es limitar la llegada de nuevos jugadores. Especialmente, los más jóvenes.
También se pretende que los “imputs” que reciben los jugadores sean más limitados. Y que no se encuentren en determinados contextos, como las competencias deportivas, para que no se asocien los valores de unos y otros. Este tipo de iniciativas pueden tener un gran impacto en la Argentina, aunque no son desconocidas en otros países. Por ejemplo, España limitó, recientemente, los anuncios de casinos y apuestas en determinados horarios. Pero, en el caso de nuestra nación, la prohibición pretende, según el Defensor del Pueblo, ser para la totalidad de los anuncios, y no limitarse a determinados momentos del día. Además, sería para todo tipo de formatos, ya sean televisivos, digitales, físicos, …
Lógicamente, una prohibición no tiene un gran recorrido si no se establecen mecanismos adecuados para su control. Este organismo público también presiona para que se creen autoridades que supervisen su aplicación, con medidas punitivas en caso de incumplimiento. Una tarea que sería simultánea a la generación de campañas de sensibilización frente a los potenciales riesgos de un juego irresponsable. Si esta ley, finalmente, es aprobada, las empresas de juego tendrán unos 6 meses para adaptarse a la nueva normativa. Y las consecuencias por la falta de diligencia a la nueva realidad pueden conllevar desde multas económicas hasta la cancelación de la licencia en vigor.
Este proyecto no se trata de una iniciativa aislada. A la administración nacional parece preocuparle el aumento de diversas conductas relacionadas con el juego; recientemente, en este diario, ya incluimos las declaraciones de uno de los ministros de Argentina, Carlos Blanco, sobre la preocupación respecto de la problemática del juego entre los adolescentes. Pero, el punto más importante es que Blanco reconoció que ya son varias las acciones que se están tomando, en diversos ámbitos, para controlar esta situación.
Queda conocer, todavía, el resultado final de esta propuesta. Pero la presión institucional puede derivar en cambios de gran calado, que se transformarán en un mayor control del juego y las apuestas y, muy presumiblemente, en una limitación importante (tal vez, la prohibición completa) de la publicidad del sector. Esta no es una tarea fácil, en un mundo global y digital, pero si las sanciones son relevantes, las empresas del sector pueden reaccionar considerablemente; especialmente, si está en juego la propia licencia para operar en el país. En algunos meses sabremos el resultado de la iniciativa legisladora al respecto.
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