La jueza de instrucción María Fabiana Galletti decretó hoy la “rebeldía” del titular de la empresa Turismo Felgueres, el mexicano Mario Berra Rojo, y reiteró el pedido de captura nacional e internacional para que declare como imputado por “estafas reiteradas”.
La jueza que tiene a su cargo la investigación por las hasta ahora 1.967 presuntas defraudaciones contra turistas que contrataron paquetes con la empresa evaluó que Barra Rojo salió del país el 9 de abril pasado con su pasaporte mexicano, antes de que estallara el escándalo.
Berra Rojo viajó a Chile y previamente, explicó la jueza, “se constató que abandonó su último domicilio real en esta ciudad como así también sus locales comerciales y oficinas; por lo que a la fecha se desconoce su actual paradero”.
El 28 de abril pasado la jueza dictó “orden de detención nacional e internacional” para tomarle indagatoria, pero el imputado no se presentó y requirió, en cambio, una “exención de prisión”, que le fue denegada.
“No surge de momento posible la eventualidad de adoptar otra medida menos gravosa que la dispuesta, pues cualquier otro compromiso que pudiera asumir el imputado sería insuficiente para neutralizar los peligros procesales que se desprenden de las pautas reseñadas”, Ahora, amplió que “el imputado no se ha puesto a derecho a pesar de tener cabal conocimiento de la existencia del presente sumario donde se pesquisa la infinidad de denuncias realizadas en su contra y la firma turística que lidera”.
“Por tal motivo, considero que corresponde declarar la rebeldía y estar a la orden de detención y captura nacional e internacional ya ordenada a su respecto”, dispuso.
La jueza notificó de la decisión a la Policía Federal Argentina y al Registro Nacional de Reincidencia, “haciendo saber que, habido que sea, se constate en forma fehaciente su domicilio y sea puesto a disposición del Tribunal con el objeto de recibírsele declaración indagatoria”.
“Entiendo que debe mantenerse la orden de captura nacional e internacional de Berra Rojo en tanto que se presenta como la medida de coerción idónea, necesaria, indispensable y razonable para avalar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley al caso, por cuanto otras las alternativas resultarían insuficientes a la hora de asegurar los fines aludidos”, resumió la magistrada.
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