El trámite fue extenso, trabajoso, enredado, tenso y todas las partes jugaron al límite, hasta que la Legislatura metió mano en la ley que autorizó a Kicillof a tomar deuda. No solo terminó elevando el monto de los recursos que se repartirán entre los municipios, sino que además impulsó la creación de una comisión bicameral que tendrá potestades para direccionar parte de los fondos que se destinarán a las comunas.
La Gobernación resistió la bicameral porque sostenía que los legisladores se adjudicaban atribuciones que le corresponden al Ejecutivo. Pero, finalmente, la bicameral se terminó creando no sólo con potestades de control y seguimiento: también podrá “analizar, verificar y remitir al Poder Ejecutivo los proyectos formulados por los municipios”.
La bicameral tiene atado su funcionamiento al Fondo de Financiamiento para las comunas que se creó con el 8% de los fondos que surjan del endeudamiento de casi 3 mil millones de dólares. Aunque luego de una larga discusión, esos recursos se terminaron garantizando más allá de cómo evolucione la toma de deuda.
La integración del Fondo quedó garantizada con recursos de Rentas Generales por la suma de 250.000.000.000 y se pagará en cuotas de acuerdo al siguiente cronograma: abril de 2026, agosto de 2026, noviembre de 2026, abril de 2027 y junio de 2027. El 70% de esos recursos se distribuirán conforme al CUD, un coeficiente que se usa para repartir la coparticipación. Pero el 30% restante será manejado por la comisión bicameral.
Esa comisión estará integrada por 7 diputados y 5 senadores con participación de las minorías.
¿A cuánto asciende el 30% que podrá manejar la bicameral para asignar a las comunas? Importa treinta mil millones de pesos para el caso de la cuota de abril de 2026 y hasta otros 30 mil millones de pesos para agosto del año que viene. A esos recursos hay que sumar otros 30 mil millones para la cuota de noviembre de 2026.
La bicameral tendrá otras atribuciones como requerir la presencia de ministros, subsecretarios y demás funcionarios del Poder Ejecutivo. También podrá solicitar la remisión de información sobre ejecución presupuestaria e indicadores económicos, con periodicidad trimestral, a los efectos de realizar el seguimiento de la evolución de la situación económica y recibir información del estado de la deuda pública, su stock, servicios de capital e intereses, perfil de vencimientos, y cualquier otro dato relevante de la toma del endeudamiento autorizado, que el Poder Ejecutivo debe remitir trimestralmente.
Fue un arduo “toma y daca”
Axel Kicillof necesitaba como el agua que la Legislatura lo autorizara a tomar deuda como finalmente ocurrió. Son fondos que, a priori, le permitirían llegar a 2027 con las necesidades de financiamiento cubiertas. Pero para obtener ese permiso debió hacer una serie de concesiones que se tradujo en el reparto de cargos en distintos organismos y ampliar los recursos que llegarán a los municipios.
Incluso a disgusto, Kicillof debió ceder. Es cierto que se quedó con cuatro de los sillones estratégicos del Banco Provincia para Cuto Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher, pero debió abrir el juego y crear nuevos cargos para contener a sus adversarios peronistas y a distintos sectores de la oposición.
Así, terminaron desembarcando en el Bapro con cargos de directores los massistas Javier Osuna y Sergio Bordoni, los camporistas Rodrigo Rodríguez y Laura González y Gabriela Demaría, del sector de Martín Insaurralde. La oposición coló varios nombres: Fernando Rozas (Unión y Libertad), Matías Ranzini y Adrián Urreli (PRO), Marcelo Daletto (UCR-Cambio Federal) y Fernando Pérez (un dirigente radical del sector de Martín Lousteau).
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