La provincia de Buenos Aires decidió no adherir al blanqueo de capitales y bienes propuesto por el gobierno nacional de Javier Milei, y por eso abre la posibilidad de cobrar los impuestos que rigen en territorio bonaerense, como Ingresos Brutos, Sellos y otros patrimoniales.
Desde la administración que encabeza Axel Kicillof, el ministro de Economía provincial, Pablo López, sostuvo que esta medida no se incluyó en el proyecto de ley impositiva enviado a la Legislatura bonaerense, y tampoco se presentará como una propuesta separada. La decisión deja en un lugar incómodo a los que blanquearon, porque no saben a ciencia cierta si los alcanzará o no el pago de algún tributo provincial.
Desde el Gobierno bonaerense le indicaron que el blanqueo de Milei es “una amnistía para evasores”. Y entre las acciones que podría realizar la Provincia respecto a los que blanquearon enumeraron, por ejemplo, como que siempre que disponga de la información o que la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), que conduce
Cristian Girard, deberá fiscalizar a todos los contribuyentes que declaren bienes y/o fondos ante la exAFIP, a fin de corroborar la existencia de impuestos provinciales omitidos, y en su caso, perseguir coactivamente su cobro.
Además, esto deviene en un incremento del perfil de riesgo fiscal del contribuyente, por eso, ante indicios de blanqueo, iniciarán la fiscalización correspondiente, se explicó.
También aclararon que si en eventuales fiscalizaciones el contribuyente alega que los ingresos bancarios o registros contables que generen inconsistencias son producto del blanqueo, ello no sería oponible ante ARBA como condición para no pagar tributos. Y las determinaciones de Ingresos Brutos entre otros tributos, intereses, multas y eventualmente una denuncia penal quedan abiertas ante la exteriorización de dinero o bienes no declarados, indicaron las fuentes vinculadas a la agencia de recaudación bonaerense.
La postura del gobierno de Kicillof, de todos modos, es no aplicar una tasa especial, como sí lo hicieron otras jurisdicciones provinciales. Por caso, Santa Fe aplicará una tasa del 2% sobre activos superiores a los U$S100.000, mientras que Neuquén establecerá alícuotas progresivas que van desde el 0,75% al 1,25%, en tanto que Salta cobrará 10% sobre lo tributado a la Nación y Mendoza se adhirió sin aplicar gravámenes adicionales.
No habrá cuota especial, pero se cobrarán tributos
“Vamos a cobrar todos los impuestos que correspondan garantizando el derecho de lo que se blanqueó a nivel nacional, que tienen que ver con la tenencia. Es decir, si con ese dinero el contribuyente compra una casa, tendrá que pagar el impuesto inmobiliario, pagará sellos, o si expresa en el balance de su empresa una ganancia a partir del blanqueo, deberá pagar Ingresos Brutos, y cualquier otro impuesto de la Provincia de Buenos Aires, porque no hay ninguna ley que condone el incremento patrimonial que se origine por el blanqueo”, explicaron desde el Gobierno bonaerense.
Para algunos tributaristas, la postura de la administración Kicillof impactará en los contribuyentes que blanquearon activos, quienes podrían enfrentar retenciones de Ingresos Brutos que, arriesgan, podría trepar al 5% en algunos casos. Pero a las cuentas bancarias CERA, que se abrieron únicamente para exteriorizar en los bancos fondos del blanqueo, no se le practican retenciones, por un acuerdo al que adhirieron todas las provincias y CABA.
Por ahora, el intercambio de información entre ARCA (la exAFIP) y ARBA no es fluido, por lo que el acceso a la información que tiene el Gobierno nacional de personas y empresas que adhirieron al blanqueo se limita a nombres y números de CUIT, pero no a movimientos bancarios, al menos por ahora.
Por eso, los especialistas aclaran que si un contribuyente puede demostrar que los fondos exteriorizados provienen de herencias o inversiones en el exterior, podría argumentar que no estarían alcanzado por el impuesto a los Ingresos Brutos, sin dudas el que más preocupa por su carga tributaria.
Con la primera etapa del blanqueo cerrada, ingresaron alrededor de U$S23.320 millones en unas 330.000 cuentas especiales de regularización de activos.
De ese total US$20.631 corresponden a dinero en efectivo que se dividieron entre las especiales CERA y las constituidas en Agencias de Liquidación y Compensación. En tanto, en otros bienes se sumaron US$2.690 millones y US$30 millones en monedas digitales.
La segunda fase, con una alícuota del 10% sobre el excedente de U$S100.000, permanecerá abierta hasta el 7 de febrero de 2025.
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