La Justicia pide el desafuero de una senadora bonaerense

La Justicia de Dolores libró ayer un oficio dirigido a la Legislatura bonaerense pidiendo por el desafuero de la senadora radical Flavia Delmonte, en el marco de una causa por supuesta corrupción que guarda similitudes con el caso que en Diputados protagonizó el puntero del PJ platense, Julio “Chocolate” Rigau. Oriunda de Mar de Ajó, la legisladora es investigada por el delito de defraudación contra la administración pública y se la acusa de haber montado una presunta red de prestanombres y “ñoquis” a los que habría designado como empleados en la Cámara Alta, quedándose con parte de sus salarios a cambio de ofrecerles obra social y aportes jubilatorios.

En rigor, la Justicia pisó el acelerador más de tres meses después de que se ordenara el pedido de desafuero de la senadora provincial.

Tras una serie de objeciones de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y un fallo de la Cámara de Apelaciones, finalmente el juez de Garantías de Dolores, Diego Olivera Zapiola, accedió a librar el oficio al Senado provincial, quien deberá definir si rechaza el pedido, lo “cajonea” o lo impulsa y vota por el desafuero de la radical Delmonte, que tiene mandato hasta fines del año próximo.

El expediente, se dijo, sufrió incontables demoras que, incluso, fueron objetadas por el fiscal instructor, Mario Rafael Pérez.

Al juez Olivera Zapiola no le quedaba más que impulsar el oficio de desafuero que ya había ordenado el 20 de febrero pasado su colega de Villa Gesell, David Leopoldo Mancinelli, mientras lo subrogó como magistrado contralor de la investigación que comenzó en 2021 y que se centra en los presuntos delitos cometidos por la senadora Delmonte junto a dos de sus máximos colaboradores, Kevin Alan Razimoff y Javier Torrijos Fuertes.

Así fue que, tras verificar que estaba firme la decisión de la Cámara de Apelaciones que rechazaba por mal concedido un recurso de apelación de la defensa, el secretario del Juzgado, Francisco Acebal, “procedió a confeccionar el oficio con el objeto de notificar la medida” que solicita el desafuero que deberá tratar el Senado provincial.

DENUNCIANTE

No es todo. En paralelo, la denunciante del caso y exempleada de Delmonte, Tamara Yanina Arce, anunció que cambió de abogado y, a través de un escrito que se sumó al expediente, criticó al fiscal Pérez por no tomarla como víctima, sino como posible cómplice en la trama delictiva. Por eso adelantó que podría impulsar varios pedidos de nulidad.

Según Arce, que denunció la trama en 2021 -plena pandemia-, la senadora radical le propuso trabajar con ella en un local del centro vecinal del partido de La Costa: “Yo estaba pasando por una enfermedad, me ofreció trabajo en blanco, me dijo que me daba la obra social [IOMA] y los aportes jubilatorios. Yo necesitaba la obra social, así que accedí y le dije que sí. Viajé con ella a La Plata, firmé contrato, habilité la cuenta en el banco”, sostuvo la mujer, que fue incorporada en la planta temporaria del Senado y contó que de su sueldo, que en 2019 consistía en $31.000, solo le correspondían $10.000. “Ese efectivo siempre se lo entregué a Razinoff”, reveló, en referencia al asesor de Delmonte, hoy también imputado.

Después, la salud de la denunciante se deterioró, la internaron y se vio obligada a dejar su trabajo: “Ella se acerca a mi casa y me pide la tarjeta de débito. Yo ya no le servía. Entonces le entrego la tarjeta, se aumenta el sueldo de una manera abismal y empieza a cobrar hasta abril de 2020, más o menos, justo en la pandemia”, contó Arce al canal de noticias TN y que incluso su hijo “quiso sacar el (seguro social) IFE y se lo rechazaron por el supuesto sueldo que tenía yo”.

Arce, que en la denuncia original desgrana cómo intentó sin suerte darse de baja de este circuito ilegal, advirtió que también le bloquearon el acceso a sus recibos de sueldo mientras seguían depositando dinero en la cuenta a su nombre. “En un momento ella se comunicó telefónicamente conmigo, preguntándome con qué derecho me creía para hacer semejante cosa, quién creía que era yo para ir a buscar mi recibo al Senado. Me hizo echar como un perro”, aseveró la exempleada de Delmonte, quien, en caso de resultar desaforada, podría seguir los pasos del también senador radical Antonio Armando Nieto, condenado a cuatro años y tres meses de prisión por una trama de desfalco a través de al menos 39 “ñoquis”.