El Gobierno Nacional decidió eliminar, a través del DNU 280/24 publicado el jueves, las transferencias que la ANSES realizaba a las cajas de jubilaciones que todavía están en control de 13 provincias, incluyendo la de Buenos Aires.
En términos concretos, esta medida implica que la administración bonaerense no podría hacer frente a los pagos jubilatorios que se actualizan en forma automática junto con los aumentos que reciben los trabajadores de los distintos organismos de la Provincia.
Como se sabe, docentes, policías, penitenciarios, judiciales, trabajadores de la salud y de la administración pública provincial, como así también del Banco Provincia, aportan para que al acceder a la jubilación a través del Instituto de Previsión Social sus haberes no sufran una merma como ocurre a través del Anses, sino que mantengan salarios similares a cuando estaban en actividad, con actualizaciones acompañadas por las paritarias.
Ahora, con esta decisión unilateral del Poder Ejecutivo nacional, que se suma a la eliminación del Fondo Nacional Docente y del Fondo Compensador del Transporte, que ya había dejado de pagar y ejecutó el jueves por DNU, el panorama se torna por demás sombrío.
La próxima reunión entre funcionarios nacionales y gobernadores, prevista para el 4 de abril, llega así con un nuevo foco de tensión. Según trascendió ayer sábado, en el gobierno de Axel Kicillof están evaluando el impacto concreto del cambio de situación para afinar una respuesta. No descartaron en ese marco una presentación judicial, una eventualidad que, según trascendió, también barajan otras provincias.
Aunque aún no hay precisiones sobre el monto de deuda acumulado con Buenos Aires, sí se supo que cuando el cordobés Osvaldo Giordano estuvo a cargo de Anses por 75 días planteó usar una parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para cancelar esa deuda con los sistemas previsionales en manos de provincias: eran US$ 5.600 millones. Pero la propuesta no fue aceptada por Milei.
Estas cajas pagan las jubilaciones de los empleados públicos provinciales y se financian primariamente con los aportes de los trabajadores, a quienes se les realiza el descuento correspondiente. Sin embargo, esa recaudación no cubre el total de las jubilaciones, por lo que el Gobierno cubre ese rojo mensualmente, tal como hace con las provincias que no transfirieron sus cajas a la Nación.
Desde diferentes provincias calcularon cuánto debería girarle Anses en abril: Buenos Aires, $25.300 millones; Córdoba, $11.300 millones; Chaco $2.560 millones; Corrientes, $930 millones; Entre Ríos $6.500 millones; Formosa, $2.260 millones; La Pampa, $1.720 millones; Misiones, $1.790 millones y Santa Fe, $10.030 millones. En total, unos $62.500 millones.
Hasta diciembre pasado, estas provincias venían recibiendo las partidas sin actualizar, incumpliendo la ley. Desde enero, la Casa Rosada no les giró ni un peso más, ni siquiera a valores históricos, con lo cual hay deuda acumulada respaldada por una ley. Los mandatarios de las jurisdicciones afectadas están dispuestos a ir a la Justicia por el tema; Córdoba ya tiene una cautelar hace casi un año.
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