Buenos Aires en la provincia más perjudicada por la poda de fondos nacionales
La administración de Kicillof recibió un 11% menos en la primera quincena de este mes, con relación al año pasado.
La motosierra de Javier Milei comenzó rápidamente a pasar por los recursos federales que reciben las provincias. Y de acuerdo a un estudio que acaba de conocerse, la provincia de Buenos Aires es el distrito más perjudicado por el recorte.
La caída de las transferencias automáticas a las provincias durante la primera quincena de este mes fue del 7,5% en términos reales en relación a enero del año pasado, de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Todos los distritos resignaron fondos, pero el que más sufrió fue el que gobierna Axel Kicillof: Buenos Aires tuvo una caída real del 11%. Acaso esa situación explique por qué el mandatario bonaerense habló en las últimas horas de “animosidad” de la Casa Rosada hacia su administración.
El informe producido por Nadin Argañaraz, economista y jefe del Iaraf, indica que las otras dos provincias más perjudicadas por la motosierra libertaria fueron Salta y Misiones. En tanto, la que menos sufrió la poda fue la ciudad de Buenos Aires que apenas tuvo una pérdida del 4%, siempre comparado con el mismo período del año pasado. Kicillof se quejó de la “animosidad” de la Casa Rosada hacia la Provincia al cuestionar el recorte de fondos para obras públicas. El informe del Iaraf refiere en parte a esta situación.
La detracción de recursos que reciben las provincias se da en medio de una discusión clave que busca en parte mitigar ese efecto como es la vuelta atrás con los cambios en Ganancias. Cómo más trabajadores dejaron de estar alcanzados por ese tributo en los últimos meses del año pasado por impulso del entonces candidato presidencial del peronismo Sergio Massa, los distritos vieron mermados sus ingresos porque se trata de un impuesto coparticipable.
Ahora varios gobernadores de la oposición presionan para dar marcha atrás con aquella decisión. En principio, la Casa Rosada busca el mismo objetivo aunque pretende compartir del costo político de que un segmento de trabajadores vuelva a estar alcanzado por el impuesto.
En ese contexto de achique aparece otra discusión: la posibilidad de que se generalice en las provincias la emisión de cuasimonedas. La Rioja hizo punta y anticipó que con ese mecanismo pagará a proveedores y afrontará el 30% de los sueldos de los empleados públicos.
En el caso de la provincia de Buenos Aires, del tema se viene hablando desde hace semanas y en las últimas horas el propio Kicillof admitió que es una posibilidad.
El ranking del ajuste
De acuerdo al informe del Iaraf, a la cabeza del recorte aparece la provincia de Buenos Aires que perdió el 11,1% en términos reales. En la primera quincena de enero recibió 212.334 millones de pesos cuando el año pasado había embolsado 67.669 millones de pesos. Si bien nominalmente creció, producto de la altísima inflación la caída real fue bien notoria. La menos perjudicada, como se dijo, fue la ciudad de Buenos Aires, que registró una caída pero del 4%.
Luego de la provincia de Buenos Aires, en el listado de más perjudicadas aparecen Salta y Misiones, dos distritos gobernados por dirigentes afines al peronismo, con caídas de 7,8 y 7,4%, respectivamente.
En la lista siguen Tucumán con un recorte del 7%, distrito controlado por el peronismo y a continuación aparece Corrientes con una mema del 6,9%, provincia gobernada por el radical Gustavo Valdés.
Pero el recorte directo de recursos federales que sufre la Provincia podría ser aún mayor si es que el Gobierno nacional avanza con el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema que obliga a devolverle a la ciudad de Buenos Aires parte de los fondos que le había quitado el gobierno de Alberto Fernández. Esos recursos fueron utilizados para resolver el conflicto salarial que se había desatado con la Policía bonaerense.
El bloque de diputados nacionales del PRO, encabezado por el presidente de la bancada, Cristian Ritondo, presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno Nacional garantice el efectivo cumplimiento de la sentencia. “Como es de notorio y de público conocimiento, el pasado 21 de diciembre del 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar por la cual ordenó al Estado Nacional que se incremente hasta el 2,95% el porcentaje de coparticipación”, relataron los diputados.