Axel Kicillof tendrá que encontrar la manera de conseguir los fondos necesarios para cumplir con el fallo de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que ordenó que, a partir del 1º de junio, se suspenda la aplicación del régimen de movilidad jubilatoria para los trabajadores del Banco Provincia que se estipuló en la Ley 15.008, sancionada durante el gobierno de María Eugenia Vidal en 2017.
Es que la decisión implica además un recupero progresivo de la pérdida que hubiesen sufrido los jubilados respecto al sistema anterior. Es mucho dinero para las arcas del Tesoro provincial, que debería hacerse cargo porque la caja de jubilaciones correspondiente es deficitaria.
Con la amenaza de una recesión en puerta, el fallo sería una pésima noticia para cualquier mandatario que abordara el tema sólo desde una visión contable. Pero Kicillof lo ha festejado casi como si fuera un dirigente sindical de la Asociación Bancaria, que fue la que impulsó la acción colectiva junto a entidades de jubilados del banco, tomada por la Suprema Corte como ejemplo para expedirse sobre los miles de recursos que entraron en tribunales.
Es que el Gobernador conceptualmente está de acuerdo con el reclamo de los empleados bancarios, que apunta a un recorte de derechos. Estas convicciones marcan el obvio océano de distancia ideológica con su predecesora, que había impulsado la Ley 15.008 para que, entre otras cosas, la Provincia no se hiciera más cargo de ese déficit de la caja con el argumento de que se trataba de un sistema sólo para “privilegiados”.
La movida de la oposición
¿Qué hará ahora la oposición? ¿Accederá, como exhortó la Corte en su fallo, a sentarse a negociar de nuevo otra ley? Ninguna decisión se tomará allí hasta que no esté terminado un detallado análisis de la cuestión que prepara el ex ministro de Economía, Hernán Lacunza, con la asistencia informativa de ciertos legisladores que integran las comisiones de Economía y Previsión Social de la Cámara de Diputados. No asoma posible un acuerdo, sin el cual no puede salir ninguna nueva ley: en Juntos, en especial en el PRO, no piensan ceder con la cuestión de que las arcas provinciales no deben cubrir el déficit de la caja de jubilaciones de la entidad bancaria oficial.
El Gobernador aparece muy activo en el impulso a la gran movida táctica que despliega el cristinismo por estos días: el operativo clamor para que la Vicepresidenta se presente como candidata a algo en las próximas elecciones. Que incluirá una suerte de federalización de la metodología del plenario que se vio el pasado sábado 11 en Avellaneda. Habrá que ver cómo les va fuera del área de influencia natural de Cristina, como en el centro del país o la Patagonia.
Axel quiere tener a Cristina en la boleta. Según su entorno el escenario ideal sería que ella vaya por la primera magistratura, algo improbable. El razonamiento se basa en que Kicillof necesitaría un candidato presidencial fuerte para la primera vuelta de octubre, que es cuando queda definida la pelea por el sillón de Dardo Rocha. Según esa tesis, Alberto Fernández no le sirve: por ahora, el Presidente destila debilidad electoral.
Pero los operadores del Kicillofismo se ponen ansiosos por la falta de definiciones en el Frente de Todos. Es que esa dilación es tiempo que aprovechan los que, dentro del PJ, quieren al Gobernador afuera de la Provincia en los próximos cuatro años para tirar versiones sobre los supuestos “beneficios” que tendría para el espacio K que él fuera el candidato a Presidente. “Sería más competitivo en el ballotage que Cristina”, aventuran lenguas insidiosas.
Reunión de radicales
Dirigentes de la Unión Cívica Radical bonaerense se reunieron ayer sábado en el municipio de Magdalena en el marco del foro "Ideas radicales para gobernar la Provincia", donde debatieron distintas estrategias electorales y respaldaron la precandidatura a gobernador del diputado provincial y presidente de la UCR bonaerense Maximiliano Abad. Del plenario participaron presidentes y autoridades partidarias de comités, intendentes, concejales y consejeros escolares de la tercera sección electoral y legisladores nacionales y provinciales.
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