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Santilli criticó la gestión de Kicillof tras la modificación del IPS

El diputado nacional aseguro que "falta menos para que la Provincia deje de ser un refugio de La Cámpora”.

El diputado nacional y candidato a gobernador de Juntos por el Cambio aseguró que los nuevos cambios implementados en el Instituto de Previsión Social representan un aumento del gasto de $350 millones de pesos para la Provincia de Buenos Aires.

El diputado nacional de Juntos Diego Santilli apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, después de que se conocieran las modificaciones en la estructura del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS), y aseguró que el único objetivo que persigue esta medida es “aumentar los cargos rentados con fines políticos”.

Este martes se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires el decreto 224/2023, que contempla la modificación de la estructura orgánica del IPS. Esta medida implica un fuerte aumento en la cantidad de cargos del ente: los directores provinciales, que hasta ahora eran 2, pasarán a ser 4, los directores de línea pasarán de ser 8 a 34, los subdirectores pasarán de ser 1 a ser 19 y los jefes de departamentos pasarán de ser 6 a ser 88.

“Buenas noticias para los amigos de @kicillofok en el Boletín Oficial de hoy: 128 nuevos puestos políticos en el Instituto de Previsión Social (IPS). #FaltaMenos para que la Provincia deje de ser un refugio de La Cámpora”, posteó Santilli en sus redes sociales después de que se diera a conocer la reglamentación.

En ese sentido, agregó: “A los bonaerenses estos nuevos 128 cargos políticos les cuestan $350 millones al año. Estas son las prioridades de un gobierno ausente, donde la inseguridad es moneda corriente, donde no se promueve el trabajo privado, donde no hay un plan de reducción de impuestos y no se alienta a la producción y al sector productivo. Ya van más de 45 mil empleados públicos desde que asumieron. Esa es la única política de Estado: aumentar el gasto político".

El IPS es un organismo descentralizado que se vincula con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y tiene a su cargo la administración de los regímenes de reparto asistidos para el personal de la administración central, municipios, docentes, servicio penitenciario y otros regímenes especiales. 

El déficit previsional estructural que presenta el organismo, como consecuencia de la existencia de parámetros previsionales desalineados y una tasa de sostenibilidad demográfica (cantidad de activos en relación a pasivos) que se viene deteriorando en los últimos años, representa uno de los mayores problemas de la administración de la provincia de Buenos Aires. 

Año tras año aumenta el déficit del IPS. En 2021 arrojó una pérdida de casi $80.000 millones, que representó un tercio del déficit total de la Provincia, y para fines de este año se prevé que el número crezca en torno a los $100.000 millones.

Entre los principales factores que explican los números en rojo del ente se destacan las condiciones de excepcionalidad con las que acceden a la jubilación quienes aportan al Instituto, edades tempranas para acceder a la jubilación por vejez, tasas de sustitución entre la jubilación y el salario más altas que las de ANSES o de la mayoría de las cajas provinciales, la facultad de computar los mejores ingresos de períodos cortos (tres años continuos o cinco discontinuos) para la determinación del haber inicial y la existencia de varios regímenes especiales con parámetros aún más laxos.

A pesar del aumento del déficit del IPS, el aumento en la esperanza de vida de las personas y el proceso de disminución de la tasa de sostenimiento demográfico que ha tenido lugar en las últimas cinco décadas, la Provincia de Buenos Aires no ha realizado ningún cambio paramétrico en los últimos 40 años y la gestión de Kicillof incrementó el tamaño de la estructura del ente, agravando la situación.

“El resultado de estos cambios es una estructura sobrerrepresentada que de ninguna manera responde a los requerimientos del organismo, sino que persigue como único objetivo aumentar los cargos rentados con fines políticos, marca registrada de la administración Kicillof”, concluyó Santilli.