Axel Kicillof escuchó en la semana un catálogo de quejas de intendentes de la oposición, lleno además de incertidumbre por la situación general de la economía. Con más o menos diplomacia, los alcaldes radicales y del PRO plantearon la necesidad de actualizar los fondos provinciales que reciben para obras públicas a través del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM), que ha quedado rezagado en relación a la inflación.
Se entiende: las obras en los municipios son las muestras de gestión que los jefes comunales pueden exhibir a una ciudadanía que tiene las elecciones a la vuelta de la esquina. Se admite en la política que, aun con aquella desactualización inflacionaria que desalienta la participación del sector privado y, en algunos casos, llega a cuentagotas, los fondos provinciales han estado bajando a las comunas.
El tema es que nadie se anima a decir hasta cuándo sucederá esto, en el marco de una política de ajuste general que supuestamente se transmite como un mantra desde el ministerio de Economía nacional.
Axel le armó una reunión a la ministra Silvina Batakis con los intendentes del PJ, básicamente del Conurbano. La impresión que se llevaron es la de una foto del abismo. “Dos o tres meses de sequía absoluta”, les dijeron, palabras más o menos. ¿Implica ese diagnóstico un recorte en los fondos para obra pública que financia la Nación, más allá del discurso oficial de que nada se tocará? Es probable.
Los alcaldes peronistas, encolumnados, salieron de ese encuentro con Batakis regalando un mensaje de respaldo al programa de la ministra, a quien conocen bien desde que manejaba los destinos de la economía bonaerense en el gobierno de Daniel Scioli. Pero, intramuros, en ese mundillo peculiar que es el PJ bonaerense ya se habla de una estrategia prioritaria de los alcaldes oficialistas de replegarse nuevamente sobre sus territorios.
Es que en la gestión provincial nadie se anima a aseverar que Batakis no pasará la guadaña por los fondos discrecionales que recibe la Provincia, teniendo en cuenta que ha dicho que piensa continuar con los lineamientos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Hasta ahora, Buenos Aires siempre ha sido una suerte de prioridad en las transferencias de la Nación. Se supone que porque es la garantía que consiguió Cristina Kirchner de parte de Fernández para mantener financieramente a salvo el distrito que conforma su fortaleza política. Un alto funcionario de Kicillof describe así la dependencia que tiene Axel de esas entradas: “Sin los fondos discrecionales de Nación sólo podríamos pagar los sueldos”.
En números: según datos oficiales, en el primer semestre de este año Buenos Aires recibió $122.298 millones de transferencias discrecionales. Lo que implica una suba de 83% interanual nominal. ¿Seguirá ese ritmo luego de la reunión que tendrá Batakis con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en los próximos días?
Nadie se anima a afirmarlo en un oficialismo que aún espera un respaldo explícito de Cristina al programa de Batakis e incluso del propio Axel, que no ha sido demasiado generosos en los apoyos públicos.
La segunda preocupación del gobierno provincial es la situación social del conurbano profundo, donde pega fuerte la suba de precios en productos alimentarios básicos, el desabastecimiento y la caída de los trabajos informales diarios que sostienen la economía de millones de familias pobres.
Los intendentes peronistas vienen prendiendo, en reserva, luces de alarma. El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, tiene una foto del estado de situación que ha transmitido a dirigentes del oficialismo y al cristinista Instituto Patria.
La red de contención de las varias vertientes del justicialismo y los movimientos sociales afines al gobierno viene funcionando. Pero está al límite. No ayuda, por ejemplo, que Juan Grabois advierta sobre posibles saqueos, una palabra que para el justicialismo es maldita cuando gobierna justamente el justicialismo.
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