La causa judicial que mantiene en vilo a la opinión pública ha ingresado en una fase de tensión técnica. El expediente, caratulado como lesiones culposas y bajo la tutela del fiscal Sergio García, busca desentrañar las responsabilidades penales detrás del choque ocurrido el pasado 12 de enero en la zona denominada La Frontera, en Pinamar.
En el centro de este complejo rompecabezas legal se encuentra Manuel Molinari, el juninense que conducía la Volkswagen Amarok involucrada en la colisión contra un vehículo tipo UTV. Lo que en un principio parecía un reporte de accidentología convencional se ha transformado en una batalla de peritos donde cada miligramo y cada segundo de grabación electrónica cuentan.
El punto de mayor fricción mediática y judicial surgió tras conocerse los resultados de los exámenes toxicológicos realizados por el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores. Según el informe, tanto Molinari como Noami Quirós, conductora del UTV, presentaron rastros de alcohol en sangre. Si bien se trató de graduaciones mínimas, la vigencia de la Ley de Alcohol Cero en la provincia de Buenos Aires actúa como un agravante automático que complica la posición de los imputados.
Ante este escenario, la respuesta del equipo legal de Molinari, encabezado por el abogado Sebastián Riglos, ha sido inmediata y contundente con el cuestionamiento total de la cadena de custodia de las muestras.
La defensa del conductor de Junín sostiene la postura que Molinari no consumió bebidas alcohólicas antes de circular por los médanos. Esta afirmación no se queda en lo retórico, sino que se ha traducido en un pedido formal para realizar un cotejo de ADN sobre el material biológico analizado.
El argumento de Riglos apunta a una posible falla en el sistema de seguridad de las pruebas, sugiriendo que existió un error en el rotulado de los frascos en el hospital o en el laboratorio. La intención es demostrar que la sangre que dio positivo no pertenece a su defendido, una maniobra que busca invalidar uno de los pilares acusatorios antes de que el fiscal proceda al llamado de las indagatorias.
Mientras la polémica por los análisis químicos ocupa los titulares, en el terreno técnico se espera otra pieza fundamental: el dictamen de la pericia mecánica y el informe de las computadoras de los vehículos secuestrados. La Volkswagen Amarok de Molinari cuenta con sistemas de registro de datos que podrían revelar la velocidad exacta, la presión sobre el pedal de freno y el ángulo de giro en los segundos previos al impacto.
Esos datos "fríos" serán contrastados con la pericia accidentológica integral, que es la que finalmente determinará la mecánica del choque. Este estudio es particularmente complejo debido a la naturaleza del terreno: un médano ubicado a más de 1.200 metros del mar, donde la visibilidad se ve alterada por las crestas de arena y donde no existen carriles ni señalización tradicional.
El análisis del siniestro también pone la lupa sobre la configuración del riesgo en el vehículo menor. El UTV CAN AM transportaba a cinco ocupantes, superando su capacidad recomendada, y tres de ellos eran menores de edad. Se ha constatado que el pequeño Bastian, de 8 años, viajaba en el regazo de su padre, Maximiliano Jérez, y sin cinturón de seguridad colocado.
Ese factor resulta crucial para la fiscalía, ya que debe evaluar en qué medida la omisión de las normas de seguridad básicas contribuyó a la gravedad de las lesiones sufridas por el niño. En este sentido, el padre de Bastian también se encuentra imputado en la causa, conformando un escenario de responsabilidades que el fiscal García deberá desglosar minuciosamente para el final de la temporada estival.
En Junín, la repercusión del caso sigue siendo intensa. La defensa ha solicitado que se llame a declarar como testigos a Alejandro Alegretti y Juan Manuel Madero, quienes circulaban en un segundo vehículo cerca de Molinari y fueron testigos directos de los instantes posteriores al choque. Sus testimonios podrían aportar claridad sobre las condiciones de visibilidad al momento del impacto (cerca de las 20) y el comportamiento de los conductores inmediatamente después del siniestro. Según consta en el acta, fue el propio círculo de Molinari quien colaboró activamente en la primera fase de la evacuación de los heridos, un detalle que la defensa busca resaltar para mostrar una actitud de auxilio y responsabilidad frente a la tragedia.
Paralelamente a la disputa en los tribunales, el foco humano se centra en la recuperación de Bastian en el hospital de Mar del Plata. Las noticias más recientes aportadas por su madre, Macarena Collantes, son esperanzadoras. Tras seis intervenciones quirúrgicas y una traqueotomía, el niño ha comenzado a respirar por sus propios medios durante periodos prolongados y ha mostrado signos de lucidez al interactuar con su familia. Este avance clínico, aunque lento, modifica el clima de una causa que se inició bajo los peores pronósticos de salud.
La resolución del expediente Bastian marcará un hito en la jurisprudencia de accidentes en zonas de recreación. El caso de Manuel Molinari pone de manifiesto la delgada línea entre la actividad lúdica en vehículos 4x4 y las responsabilidades penales que surgen cuando la tecnología, el terreno y las decisiones humanas colisionan. Con las pericias accidentológicas aún pendientes y la batalla por el ADN en marcha, el conductor juninense espera que las pruebas técnicas logren respaldar su versión de los hechos, en un proceso donde la ciencia forense tendrá la última palabra sobre lo ocurrido aquella tarde en el silencio de los médanos de Pinamar.
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