Masacre en Brasil: el Comando Vermelho y la acusación de lavado de activos en Rojas

La masacre que tiñó de sangre las favelas de Río de Janeiro el martes, con más de 120 fallecidos y una mega operación judicial que desmanteló una sofisticada red de lavado de activos en Argentina, con allanamientos en Rojas en 2023, parecen ser dos caras de la misma moneda.

El aterrador poder transnacional y la complejidad operativa del Comando Vermelho, grupo criminal nacido en las cárceles de Brasil, no solo domina el territorio con la violencia más cruda, sino que también utiliza el sistema financiero global y la tecnología de criptomonedas para blanquear los miles de millones obtenidos del narcotráfico.

Esta semana, el escenario de la violencia fue el complejo de favelas Penha de Río de Janeiro. Lo que las autoridades denominaron un operativo contra el crimen organizado se convirtió rápidamente en una de las jornadas más letales en la historia de la ciudad, desatando la indignación de los pobladores que, ante la prensa, lo calificaron de "masacre". La mega operación, que involucró a 2500 policías, tenía como objetivo declarado frenar la expansión territorial del Comando Vermelho, el segundo grupo más poderoso del crimen organizado en Brasil. 

El hallazgo extraoficial elevó la cifra de muertos a más de 120, superando con creces el balance inicial y generando un manto de sospecha sobre la transparencia de la operación. El coronel Marcelo de Menezes Nogueira, secretario del primer ministro, admitió indirectamente que los cuerpos hallados por la gente durante la madrugada no estarían en el conteo oficial.  Si bien el eco de la masacre en Río de Janeiro resuena con la brutalidad del Comando Vermelho, el verdadero frente de batalla que conmocionó a la Justicia argentina en septiembre de 2023 fue la desarticulación de su sofisticada red de lavado de activos.

La "Operación Comando-Crypto" puso al descubierto cómo las ganancias obtenidas en las favelas se blanqueaban en el norte bonaerense, con Rojas como inesperado punto.

Hace poco más de dos años, la Policía Federal Argentina (PFA), bajo la dirección de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y a partir de una denuncia de la Procelac, ejecutó la mega causa que incluyó más de 40 allanamientos simultáneos. El objetivo era el grupo criminal liderado por un ciudadano brasileño conocido como “El Negro” o “El Jafe”, cuya misión era inyectar millones de Reales provenientes del narcotráfico del Comando Vermelho en la economía argentina. 

La investigación argentina confirmó en su momento que el denunciado y su pareja ya habían sido perseguidos en Brasil por maniobras de lavado. En su país, utilizaban una entidad de Asesoría Financiera en Brasilia, que bajo la fachada de ser una empresa para el traslado de jóvenes universitarios a Argentina, movía fondos ligados al Comando Vermelho.
La justicia brasileña había bloqueado cuentas por 681 millones de Reales y embargado bienes, detectando ya en ese momento la utilización de criptomonedas para eludir el rastreo.

En Argentina, el grupo perfeccionó el sistema, introduciendo sumas millonarias sin marco legal registrado. Sus operaciones eran complejas, con movimiento de fondos que incluían depósitos, transferencias, cambio de divisas y créditos mutuos no justificados. Lo más llamativo era el blindaje legal que utilizaban con poderes certificados por notarios de confianza para que "testaferros o presta nombre" operaran en nombre del jefe, comprando bienes (autos, empresas, viviendas), para alejar la responsabilidad del líder sin perder la propiedad del patrimonio.

Rojas y el entramado bonaerense

La selección de Rojas como uno de los puntos para los allanamientos de septiembre de 2023 evidenció la capilaridad del esquema de lavado. El jefe de Drogas Peligrosas de la PFA, Comisario General Mariano José Giuffra, confirmó a este medio que en aquel entonces que en la ciudad se realizaron dos procedimientos decisivos. Uno tuvo lugar en una escribanía céntrica y el restante en un domicilio particular. 

Aquel allanamiento en la escribanía sugería que el Comando había logrado infiltrar o cooptar a profesionales del derecho para dar apariencia de legalidad a las transacciones. La emisión de poderes notariales y la certificación de documentos eran esenciales para que los testaferros pudieran operar legalmente en el circuito comercial argentino.

El segundo allanamiento en Rojas, como se detallara, tuvo lugar en un domicilio particular de uno de los investigados que, probablemente, era un "presta nombre" que, sin antecedentes comerciales ni penales, actuaba como socio criminal en la estructura.

Además de Rojas, la organización mantenía vínculos con el mercado de capitales informal en el microcentro porteño (las conocidas "Cuevas") y había comenzado a incursionar en el sector del vino en Mendoza, planeando exportaciones a Brasil y Francia como vía de blanqueo.

El avance tecnológico del Comando, que usaba criptomonedas para hacer "desaparecer" los fondos, obligó a la justicia argentina a innovar en la investigación. El magistrado interviniente autorizó la figura procesal del "Agente Revelador", una técnica especial para delitos complejos.El agente se involucró en el mercado de cryptoactivos para mapear y obtener las direcciones de las cuentas y subcuentas con las que operaba la organización. Este accionar, coordinado con la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia, fue un éxito rotundo, permitiendo el secuestro instantáneo de más de cincuenta mil dólares en criptoactivos (o su equivalente) en más de quince billeteras virtuales.

Esta exitosa aplicación de la figura del Agente Revelador en el ámbito criptográfico sentó un precedente fundamental en la legislación argentina para la lucha contra el crimen organizado transnacional y el uso de activos digitales

Consecuencias del mega operativo

El resultado de los 40 allanamientos de septiembre de 2023 fue la desarticulación de la red y un golpe económico y judicial contundente. En aquella causa hubo tres detenciones de los principales involucrados (incluyendo al líder), y se lograron incautar más de 65 millones de pesos, 160 mil dólares, 25 mil uros, 30 mil reales, y francos suizos. A su vez, se incautaron seis vehículos de alta gama, armas de fuego, equipos de computación y documentación de interés.

Como medida judicial se aplicó el embargo en todas las cuentas bancarias e inhibición de bienes y el congelamiento de cuentas de criptomonedas de más de 22 personas. También fueron clausuradas seis oficinas en el Microcentro utilizadas para el intercambio ilícito de divisas y cryptoactivos.

La "Operación Comando-Crypto" en 2023 reveló que el Comando Vermelho no solo es una fuerza de terror en Brasil, sino también un sofisticado depredador financiero que utiliza la opacidad de los activos digitales y la complicidad de estructuras legales para lavar miles de millones en suelo argentino.