La explosión de un experimento denominado "volcán" en la Feria de Ciencias del Instituto Comercial Rancagua de Pergamino, ocurrido el jueves, dejó una profunda herida en la comunidad, con un saldo de 17 heridos, y encendió una señal de alarma sobre la seguridad en el manejo de sustancias químicas en los entornos educativos.
El siniestro, que cobró particular gravedad con el traslado de una alumna al Hospital Garrahan en estado delicado y otra mujer adulta con quemaduras graves, provocó la reacción del Consejo Profesional de Química de la Provincia de Buenos Aires (CPQ), que reclamó "un urgente y estricto cumplimiento de la Ley 7.020".
Mecánica de la tragedia
El experimento, que según trascendió se realizaba desde hace años sin incidentes, se convirtió en una catástrofe al detonar durante su demostración. Testimonios y un video previo revelaron la naturaleza del material utilizado.
Una de las alumnas explicó que dentro de la estructura se habían colocado "dos tubos de metal" conteniendo una mezcla de "azufre picado, carbón picado y una sal especial". La propia estudiante detalló que "los tres elementos son los que van a formar la pólvora", el material que finalmente causó "la erupción".
Esta confesión puso de manifiesto la manipulación de sustancias con potencial explosivo en un entorno escolar sin la supervisión que la peligrosidad de los compuestos exige.
La explosión de esta mezcla, esencialmente pólvora, generó una onda expansiva y quemaduras, confirmando el riesgo en la manipulación de reactivos. La conmoción fue mayúscula, cuestionando cómo una actividad pensada como una "fiesta" educativa pudo derivar en un hecho de esta magnitud.
Frente a las consecuencias en Pergamino, el Consejo Profesional de Química renovó su reclamo. La entidad colegiada señaló en un comunicado que "sucesos como el acontecido, constituyen una constante en todo el territorio provincial y encuentran su denominador común en el manejo indebido o negligente de las sustancias químicas".
El reclamo se centra en la Ley 7.020, que rige el ejercicio de la profesión química en la Provincia, la cual establece el marco legal ineludible para garantizar la seguridad de los procesos químicos, exigiendo que su ejecución sea responsabilidad exclusiva de personal idóneo y debidamente matriculado. Para el Consejo, la falta de una matrícula profesional que certifique el conocimiento y la responsabilidad en el manejo de estos compuestos es la principal puerta de entrada a este tipo de accidentes.
En su comunicado, la entidad fue más allá de la crítica, haciendo un llamamiento directo y convocó a docentes de escuelas técnicas y a todo el personal vinculado a la manipulación de sustancias químicas en diversos establecimientos a "acercarse al Consejo Profesional de Química a los fines de regularizar y jerarquizar su ejercicio profesional, mediante la obligatoria matriculación, y el acceso a la oferta de capacitaciones y asesorías permanentes".
Desde el punto de vista judicial, el fiscal Fernando Pertierra, de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 1, caratuló la causa como "Averiguación de ilícito".
Inmediatamente después del suceso, el edificio escolar fue clausurado de manera preventiva para evitar la contaminación de evidencias. En el lugar trabajaron Brigadas de Explosivos, Policía Científica y Bomberos, secuestrando documentos de interés y realizando inspecciones. La complejidad de lo sucedido subraya la necesidad de determinar quién fue responsable de la adquisición, mezcla y activación de los componentes explosivos.
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