En el día de ayer, los efectivos policiales de la Estación Comunal de Salto y del Grupo Táctico Operativo (GTO) lograron arrestar a un hombre acusado de ser el responsable de reiterados delitos de robo agravado.
Facundo Ardiles había sido identificado semanas atrás pero, debido a que la Justicia no emitió la orden de allanamiento correspondiente, su captura no había sido posible hasta el día de ayer.
Luego de una ardua tarea de campo, los agentes lo detuvieron en la intersección de Avenida Mitre y calle Latrubesse. Además de ser acusado por hechos de robo agravado, el sujeto también tiene una solicitud de arresto activa por "abuso sexual agravado".
De momento, Ardiles se encuentra alojado en la dependencia policial local a la espera de la disposición judicial de los magistrados del Departamento Judicial de Mercedes.
Recordemos que la situación del detenido y de otro delincuente quien también estaba identificado pero no podía ser arrestado porque los efectivos no contaban con la orden de allanamiento correspondiente generó una pelea entre el Ejecutivo de Ricardo Alessandro y el fiscal de la Ayudantía, Ricardo Zapata.
En conferencia de prensa brindada semanas atrás, el jefe comunal de Salto mostró su preocupación por las "pasividad" del fiscal de la Ayudantía ante los hechos de inseguridad que se denunciaron. "Estamos muy preocupados por este inepto que se encuentra a cargo de la Ayudantía Fiscal", declaró.
Además, adelantó que pedirán la remoción del fiscal Zapata. "Ya dimos de baja el alquiler de esa fiscalía porque no vamos a pagar para tener a un inútil a cargo que nunca se preocupó por dar una orden de allanamiento".
Esta polémica suscitó un comunicado de la UCR de Salto, cuyos miembros salieron en defensa del funcionario judicial. "Resulta indispensable aclarar que, de acuerdo con lo establecido por la Ley 13.274 de la provincia de Buenos Aires, no es competencia del ayudante fiscal disponer órdenes de allanamiento ni adoptar medidas procesales de esa índole. Tales decisiones corresponden exclusivamente al fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción y, cuando corresponde, al juez de garantías", explicaron.
Asimismo, sostuvieron que, tras la renuncia del comisario Byrne, la responsabilidad del cargo recae en el propio intendente debido a que "no designó un nuevo secretario de seguridad".
Para finalizar, los radicales de Salto argumentaron: " La seguridad ciudadana requiere compromiso, coordinación y planificación real entre los distintos niveles del Estado, no señalamientos injustificados ni construcciones orientadas a encubrir la ineficiencia de la gestión política".
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