La pregunta abre además una segunda duda: ¿el ídolo fue víctima de un homicidio con dolo eventual, es decir de personas que sabían que su accionar podría causarle la muerte y no hicieron nada para evitarla, o la junta médica que lo cuidaba en sus últimos días a lo sumo puede ser investigada por mala praxis y negligencia?
Son interrogantes que se plantea la Justicia argentina, que esta semana dio un paso inicial clave para el esclarecimiento.
En los Tribunales de San Isidro, en la periferia de Buenos Aires, se realizó la primera audiencia previa al juicio por la muerte del ídolo, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en la casa en la que Maradona vivía bajo atención médica domiciliaria.
En el Tribunal que decidirá el caso se reunieron este miércoles por primera vez familiares de Maradona –hijos y hermanas del ídolo, que suelen cruzarse por reclamos económicos pero que en este caso coincidieron en su presentación como particulares damnificados-, los tres fiscales que investigan la muerte y caratularon la causa como “delito de homicidio simple con dolo eventual” y los ocho imputados, todos profesionales de salud que debían ocuparse de la delicada recuperación del ex futbolista.
Un neurocirujano -Leopoldo Luque-, una psiquiatra -Agustina Cosachov-, un psicólogo -Carlos Díaz, una coordinadora de atención domiciliaria –Nancy Forlini-, dos enfermeros -Gisella Madrid y Ricardo Almirón-, el coordinador de ambos -Mariano Perroni- y un médico clínico -Pedro Di Spagna- son acusados por un delito que prevé penas de 8 a 25 años de prisión.
La fecha de inicio del juicio, que contará con 25 audiencias, podría ser anunciada en próximos días, aunque las versiones aseguran que comenzaría a fines de este año o comienzos de 2025. La muerte de Maradona, a sus 60 años, encierra también una paradoja: cómo la persona más querida del país –Lionel Messi aún no había ganado el Mundial de Qatar 2022- murió en soledad, apenas acompañado por un puñado de asistentes que tropezaban con un paciente difícil de tratar, poco dócil ante las decisiones médicas y con un historial clínico que incluía múltiples y severas complicaciones en su desgastado cuerpo: su vieja adicción a la cocaína, un corazón que trabajaba al 30%, la obesidad que lo había golpeado a comienzos de siglo, el bypass gástrico al que había sido sometido en 2005, problemas severos con el alcohol y la infinidad de golpes que recibió como jugador.
En la mañana del 25 de noviembre de 2020, el enfermero que debía cuidar a Maradona en el turno mañana fue a despertarlo a la habitación de la casa a la que el ídolo se había mudado tras su última internación, pero descubrió que no reaccionaba. La pérdida de los signos vitales sería confirmada a las pocas horas y, según el parte médico, se había originado mientras dormía por una insuficiencia cardíaca que le generó un edema agudo de pulmón.
En verdad, Maradona, que en ese momento era el técnico de Gimnasia La Plata, un club de la Primera División argentina -aunque ya no estaba en forma para dirigir los partidos-, había comenzado a apagarse desde hacía meses: hay quienes creen que, más allá de su volcánica vida, el ídolo también fue una víctima del aislamiento producido por el coronavirus: tener un solo cuerpo y ser Maradona, un número 10 hecho país, era una pelea desigual.
La salud del capitán de la selección argentina campeona del mundo en México 1986 había quedado desde 2018 en manos de Luque, un neurocirujano de 39 años que decidió la última intervención a la que fue sometido Maradona, un edema cerebral, el 3 de noviembre de 2022. El héroe dramático se había golpeado la cabeza contra el suelo de su casa y debió ser operado. Tras la cirugía, parte de la familia y los doctores a cargo de su salud resolvieron que Maradona seguiría su recuperación de manera domiciliaria, al cuidado de enfermeros y médicos, en una casa que a partir del 11 de noviembre le alquilaron en Tigre, al norte de Buenos Aires, pero donde moriría apenas 14 días después de haber llegado.
Ahora la Justicia, por pedido de la propia familia, estudia si Luque y los otros siete profesionales cometieron el delito de homicidio simple con dolo eventual. Según los fiscales, la muerte podría haberse evitado y los sentados en el banquillo tuvieron participación y cometieron irregularidades en la internación domiciliaria que precedió al deceso.
Sin embargo, según fuentes judiciales, será muy difícil –o imposible- probar que los acusados se confabularon para armar una organización que pretendiera ese desenlace. En la autopsia no se encontraron restos de alcohol ni drogas. Las condenas por mala praxis son excarcelables.
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