Tras ser solicitada por el fiscal Dr. Esteban Pedernera, el Juzgado de Garantías de Junín otorgó la prisión preventiva para un empleado judicial, un agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), su hermano y su madre, quienes se encuentran detenidos –desde principios de febrero- acusados de conformar una asociación ilícita que robó, del depósito de efectos secuestrados de la Fiscalía de nuestra ciudad, una serie de armas de fuego que estaban incautadas en el marco de causas penales, para su posterior venta.
Fuentes judiciales dijeron que está confirmado el faltante de 20 armas de fuego y de varias municiones, que según la pesquisa terminaron vendidas en el "mercado negro" en la ciudad de San Nicolás, pero se trabaja en una nueva revisión del inventario en Junín, ya que la sospecha es que podrían ser más.
La Fiscalía General de Junín informó en un comunicado que la investigación comenzó en agosto de 2022 a raíz de un relevamiento realizado en el Área de Efectos del Ministerio Público Fiscal departamental, que confirmó el faltante de una serie de armas de fuego que debían estar secuestradas como evidencia en distintos procesos penales.
Según precisaron fuentes judiciales, la causa la inició el fiscal Pedernera, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 de Junín, a partir de un expediente a su cargo, por violencia de género, donde un imputado, a quien se le había secuestrado un arma por la irregularidad de no tener en regla todas sus credenciales, pidió la devolución de la misma al regularizar dicha situación.
"El arma no aparecía. Pensamos al principio que era algún error administrativo involuntario, pero al confirmar que realmente no estaba, comenzó la investigación y confirmamos que eran varias las armas de fuego faltantes en el depósito", dijo un investigador judicial.
Tras varios meses, la pesquisa culminó el primer viernes de febrero con cuatro detenciones solicitadas por el fiscal Pedernera y ordenadas por la jueza de Garantías 2 de Junín Marisa Muñoz Saggese. La Fiscalía de Junín identificó a los detenidos como el agente judicial Germán Néstor Villar, el agente penitenciario Miguel Santillán, su hermano Franco Santillán y su madre Nora Ledesma.
En el caso de Villar, el comunicado aclaró que "nunca estuvo a cargo ni asignado a tarea alguna relativa el Área de Efectos secuestrados" y se aclaró que "la investigación descartó cualquier otra colaboración de personal judicial". Una de las fuentes consultadas explicó que Villar no cumplía funciones jurídicas, sino que en las fiscalías trabajaba en el área de "maestranza" y eventualmente como chofer.
En el caso de Manuel Santillán, la fiscalía aclaró en el comunicado que "se trata de un agente penitenciario en actividad que cumplimenta sus tareas en la Unidad 49 de esta localidad, pero cuya conducta, en este caso, tampoco involucraría -en principio-, la responsabilidad institucional o funcional del personal de dicho establecimiento".
Respecto de los otros dos imputados, familiares del penitenciario, se informó que tienen domicilio en la localidad de San Nicolás de los Arroyos -donde según la pesquisa se vendían las armas robadas-, y que "resultan hermano y madre del recién mencionado Santillán".
A su vez, se comunicó que con personal de la División Unidad Operativa de la Policía Federal -delegaciones Junín, Pergamino, San Nicolás-, se instrumentaron en Junín y San Nicolás, una serie de registros domiciliarios, al igual que de vehículos y personas. Allí, indicó la fiscalía, se logró incorporar "material de interés" como "dispositivos electrónicos" sobre los que luego "se cumplimentaron labores de extracción de dicho contenido".
La imputación que pesa sobre los imputados incluye cinco delitos: "El hurto agravado, la sustracción de objetos destinados a servir como prueba ante la autoridad competente, el peculado, la asociación ilícita y la entrega habitual de armas de fuego, municiones y otras piezas con valor comercial", según confirmó el comunicado de la fiscalía.
Voceros judiciales explicaron que si bien son una veintena las armas que ya están constatadas como desaparecidas en el depósito judicial, la Fiscalía ordenó realizar un nuevo y más exhaustivo relevamiento, porque se sospecha a partir de los elementos surgidos en la causa, que esta organización pudo robar de allí y revender muchas armas y municiones más.
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