La Fiscalía General del Departamento Judicial Junín informó que se materializaron varios allanamientos a raíz del hurto de armas de fuego del Ministerio Público, las cuales eran transportadas a la localidad de San Nicolás, donde eran vendidas.
Las investigaciones se iniciaron en agosto de 2022, y estuvieron a cargo del fiscal Dr. Esteban Pedernera.
En la pesquisa, la instrucción impulsó el cumplimiento de varias diligencias, que, en el afán del esclarecimiento del hecho, sirvieron como soporte de una hipótesis delictiva por el “hurto agravado” y la sustracción de armamento destinado a servir como prueba en causas judiciales; el peculado (en virtud del art. 261 del CP), la asociación ilícita (según lo impone el artículo 210 del CP) y la entrega habitual de armas de fuego, municiones y otras piezas con valor comercial (atento lo prevé el art. 189 bis apartado 4 del CP).
Con la colaboración de la letrada Eliana Peñiñores y los letrados Lucas Mourlaas, Franco Gasparini, y personal de la División Unidad Operativa de la Policía Federal –delegaciones Junín, Pergamino, San Nicolás-, se instrumentaron una serie de registros domiciliarios, al igual que de vehículos y personas, en nuestra ciudad y en San Nicolás de los Arroyos. Las requisas permitieron incorporar material de interés -dispositivos electrónicos entre otros-, sobre los que luego se cumplimentaron labores de extracción de dicho contenido.
Seguidamente, según informaron desde Fiscalía, se solicitó al Juzgado de Garantías departamental 2, a cargo de la jueza Marisa Muñoz Saggese, el otorgamiento de órdenes de detención respecto de cuatro personas, que se llevaron a cabo ayer, respecto del agente judicial Germán Néstor Villar, y de los ciudadanos Miguel y Franco Santillán y Nora Ledesma.
Cabe destacar que en el caso de Villar, “nunca estuvo a cargo ni asignado a tarea alguna relativa el Área de Efectos Secuestrados, como también que la investigación descartó cualquier otra colaboración de personal judicial, según los indicios relevados hasta el momento”, informaron.
En el caso de Miguel Santillán “se trata de un agente penitenciario en actividad que cumplimenta sus tareas en la Unidad 49 de Junín, pero cuya conducta, en este caso, tampoco involucraría -en principio-, la responsabilidad institucional o funcional del personal de dicho establecimiento”, afirmaron.
“Las restantes personas, con domicilio en la localidad de San Nicolás de los Arroyos, resultan hermano y madre del recién mencionado Santillán”, explicaron.
Por último, informaron que mañana, 10 de febrero, en la sede del Ministerio Fiscal (edificio “San José”), se procederá - por orden del fiscal Esteban Pedernera- a recibirle la correspondiente declaración como imputados a todas las y los detenidos (art. 308 CPP).
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