El estado dispone de varios organismos para controlar las distintas estructuras del gobierno y auditar su gestión, entre ellos la Sigen (Sindicatura General de la Nación) y la UAI (Unidad de Auditoría Interna) cuyas funciones son las de realizar inspecciones internas, o sea, controlar si los distintos organismos cumplen con las normativas establecidas. También la AGN (Auditoría General de la Nación) cuya función es la de realizar controles externos, o sea el control para que, en las relaciones entre el gobierno y entidades privadas, se cumplan los requisitos establecidos en la legislación vigente.
Dicho esto, y teniendo en consideración los hechos de corrupción descubiertos en los últimos años, los cuales en su mayoría fueron detectados por denuncias particulares, uno se pregunta si estos organismos cumplieron con su rol de control para el cual fueron creados; y en verdad surgen muchas dudas de ello. Entonces deberíamos pensar si sus funcionamientos son adecuados y si lo que pasa es que subordinan su accionar a las órdenes de los gobiernos de turno y por lo tanto su rol está muy limitado a la hora de cumplir con sus tareas. Además, podemos señalar también lo que ocurrió recientemente con las universidades públicas ya que se pudo saber que la gran mayoría de ellas no se auditan y por lo tanto no se conoce el destino que se le han dado a los fondos públicos recibidos.
Será entonces momento de que estas instituciones que deben realizar la tarea de control de los organismos del estado estén a la altura de las circunstancias y realicen su trabajo con eficiencia e independencia para que todos los argentinos podamos estar tranquilos de que los fondos públicos son administrados correctamente.
No perdamos la memoria y lo que ha pasado estos últimos años con los temas de corrupción. No pueden seguir pasando si queremos un país serio, ordenado y donde los responsables de administrar fondos públicos sepan que los están controlando en su accionar y que en caso de ser detectados hechos de corrupción, les serán aplicadas con todo rigor las leyes anticorrupción vigentes.
Este, con seguridad, es un tema imprescindible que debe atacar el actual gobierno para que los argentinos empiecen a creer nuevamente en la clase política de nuestro país.
Aldo García López
DNI 4974484
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