En la segunda vuelta electoral convocada para el 19 de noviembre de 2023, muchos radicales votaron a Milei, pese a que la dirección partidaria dispuso la neutralidad.
Sabemos bien porqué lo hicieron. Ni intelectual ni moralmente podían tolerar la continuidad del kirchnerismo, siempre sectario, ineficiente y corrupto. Eligieron lo desconocido, asumiendo ese riesgo como preferible a la realidad que ya conocían.
Milei lleva seis meses en el poder. Es posible y legítimo intentar un primer balance basado en hechos, decisiones y mensajes que han tenido difusión pública.
El presidente aspira a convertirse en el dirigente más importante de la ultraderecha en el mundo. Cultiva la amistad de políticos y empresarios que operan en ese espacio. Sus viajes persiguen ese propósito, que nada tiene que ver con el interés nacional. No hace falta describir acá el significado demoledor de la expresión “ultraderecha” en la que Milei pretende instalarse.
Coherente con esa aspiración, exhibe su desprecio por la democracia cuando afirma que la decadencia argentina comenzó en 1916, mientras descalifica a quienes no comparten su pensamiento. También cuando sostiene que el socialismo es una invención del maligno, niega el valor integrador de la justicia social o describe al Estado como una organización criminal. Sus palabras revelan su visión del ser humano, que concibe como individualista, egoísta e insolidario: “…podés elegir morirte de hambre…no necesito intervenir… alguien lo va a resolver…”.
Su actual jefe de gabinete reconoció que Milei “no entiende la política argentina”. Delega sin orden sus obligaciones en funcionarios improvisados e ineptos. La ineficiencia operativa y su escasa aplicación personal son rasgos dominantes de su gestión.
La política económica se reduce a un ajuste de baja calidad, burdo y exagerado, cuyo único propósito es recortar a los hachazos el gasto público para detener la inflación, a costa de profundizar la recesión y aumentar la pobreza. En un país que no crece desde el 2011, el gobierno deja librado el crecimiento a la acción del mercado que, impulsado sólo por su propia dinámica, tiende a la concentración.
En esta época en que el acceso a la educación es esencial, el tema no está incluido en la “Carta de Mayo”.
La decisión de convertir a Ariel Lijo en miembro de la CSJN implica un pacto de impunidad con el kirchnerismo y con las más groseras expresiones de corporaciones bien entrenadas para preservar sus intereses con cualquier gobierno.
En su lenguaje y sus presentaciones públicas, el presidente desciende a menudo al insulto y a la payasada burlesca, demostrando el poco respeto que otorga a la inteligencia de quienes lo escuchan. La política de subsidios y de congelamiento tarifario del kirchnerismo mostró la transformación del peronismo después de Perón: de la justicia social al populismo clientelar. De la integración a la mera contención. La visión de ultraderecha y el fundamentalismo de mercado que Milei invoca como las bases ideológicas de su gobierno, consolidarán la desigualdad derivada de ese retroceso que, en el mediano plazo, solo podrá sostenerse con la fuerza.
Es fácil prever que tipo de sociedad resultará de esas decisiones inconexas e improvisadas, solo apoyadas en definiciones ideológicas extremas y en la autoestima vanidosa que de sí mismo cultiva Milei. Los problemas estructurales de la Argentina solo podrán resolverse con el crecimiento bien distribuido y un sistema institucional representativo. Para alcanzar esos objetivos, hará falta aplicar políticas públicas de largo plazo que convoquen y movilicen todas las energías de una nación unida.
En ese escenario el radicalismo, tal como está hoy, sin opinión y sin propuesta, con una conducción poco visible condicionada por presiones difusas y cambiantes que provienen de quienes ni siquiera constituyen una línea interna y manejado de hecho por un grupo de dirigentes que pretenden convertirlo en una agencia electoral desperfilada y sin ideas dispuesta a negociar con cualquiera, no sirve para nada y no tiene destino.
En diciembre de 1983 los argentinos decidimos terminar con la tutela militar y organizar esta democracia política que tiene vigencia desde hace cuarenta años y superó varias crisis graves, pero no logró articular un modelo de desarrollo consistente y sustentable. La historia nos demuestra cuales han sido las consecuencias de la ultraderecha que propone Milei y la experiencia doméstica nos enseñó que el relato kirchnerista no puede ocultar que el populismo clientelar necesita la pobreza como cantera de voto cautivo. Esos caminos no sirven para avanzar hacia la democracia social.
Los radicales tenemos la obligación de asumir la enorme tarea de recuperar la identidad y la representatividad de la UCR, reivindicando el debate de ideas –hoy postergado, desvalorizado o impedido- y la presencia activa del afiliado en la designación de autoridades internas y candidatos. A partir de allí, podremos recolocar la educación pública como eje central de nuestra doctrina e impulsar las propuestas de crecimiento y distribución del ingreso que revaloricen el concepto de justicia social y fortalezcan las bases materiales de la libertad.
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