En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el 1º de marzo pasado, el presidente anunció que convocaría a los gobernadores a firmar un pacto el 25 de mayo siguiente en la provincia de Córdoba. Pero no se trata en verdad de un acuerdo, salvo que se lo encuadre en la categoría de los contratos de adhesión, en los que una de las partes predispone las cláusulas y las otras solo las pueden aceptar o rechazar totalmente.
El tono del supuesto pacto es curioso: está redactado con un deliberado estilo arcaico y pomposo, como para que parezca antiguo y, como tal, venerable. Se asemeja a un producto envejecido de apuro en algún falso anticuario. El toque de modernidad viene dado por la referencia a las “Fuerzas del Cielo”. El preámbulo expresa: “Al primero del mes de marzo del año de Nuestro Señor 2024, con los representantes del pueblo reunidos en el Congreso de la Nación, ante la mirada del Eterno, declaramos la necesidad de un nuevo pacto fundacional para la República Argentina”.
“Pacto fundacional”. ¿Milei propone modificar la Constitución? Se puede hacer, con mayorías que hoy parecen lejanas para el oficialismo. Pero el pacto que propone no dice eso: enumera una serie de objetivos, algunos concretos, otros vagos y otros que ya constan en la Constitución, como la inviolabilidad de la propiedad privada. Respecto de esto último se podrá decir que su mención constitucional no ha impedido que se la violara muchas veces. Es cierto. Y menos lo hará entonces que lo prometan el presidente y algunos gobernadores en un papel que carece de todo efecto jurídico.
Hay metas que hoy comparten amplios sectores políticos: el equilibrio fiscal, la reducción de la presión tributaria, la simplificación de los trámites, la reforma laboral, la apertura al comercio internacional. Otras son de una absoluta vaguedad: postular una “reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados” es lo mismo que no decir nada. La idea subyacente, propia de todos los populismos, es que cuando la sociedad no lo vota a ellos no es porque prefiera a otras fuerzas políticas sino porque la voluntad del pueblo está distorsionada por reglas electorales amañadas u otros factores perversos. El texto sirve tanto para un barrido como para un fregado y el gobernador que lo firme no se compromete a nada.
De todas formas, para acceder al beneficio de suscribir el documento que redactó el presidente, los gobernadores debían presionar a los legisladores de sus provincias para que votaran (en la intención original, a libro cerrado) una frondosa ley ómnibus que hasta ahora, en una versión muy mutilada, aprobó la Cámara de Diputados y está pendiente de tratamiento en el Senado. No cumplida esa condición, el no pacto de mayo será en junio, julio, agosto, o no será.
Este episodio dice mucho de la concepción del poder de Milei. Como todo líder populista, es mesiánico y percibe todo lo que hace como fundacional. Solo él encarna la voluntad popular. ¿Necesitamos pactos? Por supuesto, pero concretos, específicos, canalizados a través de leyes. El ámbito del acuerdo es el Congreso, en el que es natural, para alcanzar las mayorías necesarias, que los distintos bloques acepten concesiones recíprocas. Y el Congreso no es (ni debería ser) un instrumento servil de los gobernadores de las provincias, a su vez presionados por las transferencias discrecionales de recursos del gobierno nacional.
Ya tenemos un Pacto de Mayo: es la Constitución Nacional. Fue sancionada el 1º de mayo de 1853 en la ciudad de Santa Fe y es, con sus reformas, nuestra ley fundamental. Ese es el pacto que debemos honrar. No fue un contrato de adhesión, típico de los cesarismos plebiscitarios, sino un documento que reflejó el consenso de constituyentes que no pensaban lo mismo en todos los temas. Algo más fuerte que esas divergencias los unía: el deseo de construir una República, es decir, un gobierno de leyes, y de dejar atrás a gobernantes que se creían iluminados.
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