Guerras civiles y corrupción sin límites
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Guerras civiles y corrupción sin límites

Compartir

En Luanda, capital de Angola, la República Democrática del Congo (RDC) y su vecina Ruanda, alcanzan un segundo acuerdo, el 24 de noviembre de 2022, para un cese el fuego inmediato tras, el fracaso del anterior celebrado en julio de 2023. El acuerdo implica el despliegue de una fuerza militar de los países del África Central en la zona.

En rigor se trata de un acuerdo “sui generis” porque no participa uno de los combatientes: el rebelde Movimiento del 23 de marzo (M23). Cierto es que la RDC acusa permanentemente a Ruanda de apoyar a los rebeldes, algo que Ruanda también siempre desmiente, pero hasta la fecha nunca se produjeron combates entre los Ejércitos de ambos países. Cese del “no fuego”.

Fue a finales de octubre de 2022, cuando el M23 lanzó una ofensiva militar contra el Ejército de la República Democrática del Congo (RDC) en el este del país. Ocupó la región de Rutshuru, granero de la provincia de Kivu Norte y amenaza la capital provincial Goma, ciudad de poco más de dos millones de habitantes. 

El M23 es una rebelión principalmente conformada por elementos de la etnia tutsi, comunidad de la que forma parte el presidente de la vecina Ruanda, el otrora guerrillero Paul Kagame. En alguna medida, no en su totalidad, el casi total deterioro de las relaciones entre ambos países radica en los apoyos -reales o supuestos- que Ruanda presta a la rebelión.

Para los expertos de las Naciones Unidas que investigan la situación en el Kivu Norte la implicación del gobierno de Ruanda no deja lugar a dudas. Algo que la administración del presidente Kagame niega, mientras acusa al Ejército de la RDC de ser aliado de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), rebelión ruandesa refugiada en el Congo.

El FDLR está compuesto básicamente por miembros de la etnia hutu que protagonizaron el genocidio de Ruanda en 1994. Desalojados por el movimiento insurreccional del actual presidente Kagame, cruzaron al Congo que siempre toleró sus actividades y jamás los desarmó.

Como siempre ocurre en las guerras, civiles o internacionales, los desplazados obligan a las autoridades a tener en cuenta su alimentación y su alojamiento. En África, ambas funciones se cumplen de manera por demás precaria. En la actualidad, según la presidencia, quienes abandonaron sus hogares superarían el número de 200 mil.

El conflicto superó la participación de la República Democrática del Congo y de Ruanda. Se internacionalizó con la decisión de la Comunidad de África Oriental de movilizar tropas hacia el Congo. El primer contingente en llegar al país fue un destacamento de 200 militares kenianos de un total de 900 que Kenia movilizará.

El M23

Todo comenzó cuando en 2009, la rebelión del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) firmó un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Joseph Kabila para deponer las armas e integrarse al Ejército Nacional. Dicho acuerdo fue suscripto un 23 de marzo, de allí el nombre de la actual rebelión.

El convenio preveía la liberación de los prisioneros, la transformación del CNDP en partido político, el retorno de los refugiados en países limítrofes -básicamente Ruanda-, la integración al gobierno de los civiles del CNDP en el gobierno y de los militares en el Ejército.

Todo estalló por los aires cuando los ahora militares integrados del CNDP resultaron sospechosos de controlar, en provecho propio, el tráfico de minerales.  El gobierno del presidente Kabyla decidió trasladarlos a otras zonas del país. Y los exrebeldes retornaron a las operaciones militares bajo el comando del coronel Sultani Makenga.

Tres años después, en abril del 2012, por considerar que el acuerdo no fue respetado, varios ex guerrilleros del CNDP se amotinaron y tomaron como nombre la fecha del acuerdo malogrado: Movimiento 23 de marzo (M23). 

Para el gobierno congolés, el verdadero jefe de la rebelión fue el general Bosco Ntaganda, alias Terminator, de nacionalidad ruandesa, condenado en 2021 por la Corte Penal Internacional a 30 años de prisión por ser culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, tales como asesinatos, violaciones, esclavitud sexual y pillajes.

Vencida la rebelión en 2013, los sublevados depusieron las armas y se rindieron ante las autoridades de otro país vecino: Uganda. Pero en 2022, el M23 retornó a las operaciones y según expertos de la ONU lo hace con asistencia ruandesa, de acuerdo con el informe elevado a la secretaría general de la organización.

Dicho informe denuncia a Ruanda por “asistencia directa para la creación del M23”, por reclutamiento para el M23 desde las Fuerzas de Defensa de Ruanda, por apoyo logístico, por implicación directa de altos responsables ruandeses, por apoyo directo en operaciones militares, por presencia en el M23 de oficiales ruandeses y por apoyo al general Ntaganda.

El correlato de la presencia de la rebelión tutsi del M23 en el Kivu Norte fue la acusación del presidente congolés Felix Tshisekedi en la Asamblea General de las Naciones Unidas de “agresión militar directa” y de “ocupación” en el este del país por parte de Ruanda, a través del M23.

Los propósitos del presidente Tshisekedi fueron de inmediato rechazados por el presidente ruandés Paul Kagamé. Dos días después y por invitación del presidente francés Emannuel Macron, Tshisekedi y Kagamé almorzaron juntos y acordaron “estabilizar” la región. 

El presidente congoleño se encuentra ante una situación muy difícil. En primer término, por la escasa voluntad de combate de su Ejército, gangrenado por la corrupción. Punto que lo obliga a intentar pactar. En segundo lugar, porque el M23 es solo uno -aunque el más desarrollado- de los grupos rebeldes que operan en la República Democrática del Congo.

Otro, particularmente violento, es el Allied Democratic Forces” -Fuerzas Aliadas Democráticas (FAD)- de origen ugandés, que opera desde el Congo y que reúne entre 200 y 600 combatientes. Se trata de opositores al presidente ugandés Yoweri Museveni, todos ellos islámicos. La FAD es una organización afiliada a la organización terrorista Estado Islámico.

Economía y corrupción

La República Democrática del Congo es el undécimo país del mundo por extensión con 2.345.000 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de 108.407.000 habitantes, decimocuarto lugar entre la totalidad de los estados.

La actividad económica pasa, de momento, por la agricultura de subsistencia y por la gran minería destinada a la exportación. Por ejemplo, el país es rico en cobre que es extraído en grandes cantidades, pero se lo trata fuera del país, que luego importa, por ejemplo, cables eléctricos.

En materia de exportaciones, la RDC vende, además de cobre, cobalto y diamantes industriales, principalmente. En el rubro agrícola, las producciones para los mercados externos abarcan el café, la madera y el caucho. La industrialización se limita a rubros tradicionales y no existe ninguna empresa en materia de tecnología de punta.

Los datos sobre población chocan de lleno con los correspondientes al ingreso per cápita. Si la población es la decimocuarta en el ranking mundial por la cantidad de habitantes, el ingreso per cápita es solo de 500 dólares anuales, valor que lo coloca en el último lugar (187) entre los países regularmente medidos.

Las causas hay que buscarlas en la grandiosa corrupción que siempre afectó este territorio desde la depredadora colonización belga hasta la fecha, con particular acento durante la dictadura de Mobutu Sese Seko quien gobernó el país 32 años, entre 1965 y 1997.

A tal punto llegó la cleptocracia de Mobutu que, en 1978, en un intento de estabilizar la economía afectada por la caída del precio internacional del cobre, fue designado presidente del Banco Central del Zaire (nombre oficial del país durante el régimen del autócrata) el economista alemán Erwin Blumenthal.

Un año después, Blumenthal renunció y escribió “no se puede impedir que Mobutu pille, así como no se puede evitar que un gato cace ratones”. Dicho sea de paso, una parte del pillaje iba a parar a manos de dirigentes occidentales con el objeto de evitar injerencias. 

Las huellas de la corrupción están presentes en la actualidad. En noviembre del 2021, la fiscalía general del país abrió una investigación por las denuncias de varios medios occidentales que presentan pruebas por desvío de fondos del estado a favor de la familia del expresidente Joseph Kabila por un total de 138 millones de dólares.

Por su parte, en junio de 2022, la Inspección General de Finanzas del Estado presentó un informe entre cuyas conclusiones aparece o, mejor dicho, no aparece traza de 400 millones de dólares sobre un total de 600 millones que la minera estatal Gécamines prestó al Estado.

Es más, entre 2010 y 2020 Gécamines generó ingresos por 2.000 millones de dólares, pero “gastó” 1.500 millones en el pago de primas de management. De su lado, la cifra de negocios de firmas asociadas a la minera estatal fue de 35 mil millones de dólares, pero solo pagaron en concepto de royalties 564 millones. Es decir, la nimiedad del 1,64 por ciento.

Y por si faltaba poco, en un país con un alto porcentaje de población indigente, un diputado y excandidato presidencial de nombre Martin Fayulu denunció que cada diputado cobra un salario de 21 mil dólares mensuales. Todo dicho.

Comentarios