En Luanda, capital de Angola, la República Democrática del Congo (RDC) y su vecina Ruanda, alcanzan un segundo acuerdo, el 24 de noviembre de 2022, para un cese el fuego inmediato tras, el fracaso del anterior celebrado en julio de 2023. El acuerdo implica el despliegue de una fuerza militar de los países del África Central en la zona.
En rigor se trata de un acuerdo “sui generis” porque no participa uno de los combatientes: el rebelde Movimiento del 23 de marzo (M23). Cierto es que la RDC acusa permanentemente a Ruanda de apoyar a los rebeldes, algo que Ruanda también siempre desmiente, pero hasta la fecha nunca se produjeron combates entre los Ejércitos de ambos países. Cese del “no fuego”.
Fue a finales de octubre de 2022, cuando el M23 lanzó una ofensiva militar contra el Ejército de la República Democrática del Congo (RDC) en el este del país. Ocupó la región de Rutshuru, granero de la provincia de Kivu Norte y amenaza la capital provincial Goma, ciudad de poco más de dos millones de habitantes.
El M23 es una rebelión principalmente conformada por elementos de la etnia tutsi, comunidad de la que forma parte el presidente de la vecina Ruanda, el otrora guerrillero Paul Kagame. En alguna medida, no en su totalidad, el casi total deterioro de las relaciones entre ambos países radica en los apoyos -reales o supuestos- que Ruanda presta a la rebelión.
Es más, de los nueve puestos de frontera en funcionamiento entre los dos países, solo tres están en manos del Ejército congoleño, mientras que los seis restantes son administrados por los rebeldes. Em la ruta RN2, la única ruta practicable que lleva a Goma hasta el momento en manos rebeldes, son bloqueados los camiones que intentar abastecer Goma.
Para los expertos de las Naciones Unidas que investigan la situación en el Kivu Norte la implicación del gobierno de Ruanda no deja lugar a dudas. Algo que la administración del presidente Kagame niega, mientras acusa al Ejército de la RDC de ser aliado de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), rebelión ruandesa refugiada en el Congo.
El FDLR está compuesto básicamente por miembros de la etnia hutu que protagonizaron el genocidio de Ruanda en 1994. Desalojados por el movimiento insurreccional del actual presidente Kagame, cruzaron al Congo que siempre toleró sus actividades y jamás los desarmó.
Signo de lo mal que van las cosas, el presidente congolés Felix Tshisekedi convocó, a principios de noviembre de 2022, a la población a formar “grupos de vigilancia”. Según el Ejército, más de dos mil jóvenes respondieron al llamado. Casi una confesión de la impotencia del Ejército para acabar con la rebelión.
Como siempre ocurre en las guerras, civiles o internacionales, los desplazados obligan a las autoridades a tener en cuenta su alimentación y su alojamiento. En África, ambas funciones se cumplen de manera por demás precaria. En la actualidad, según la presidencia, quienes abandonaron sus hogares superarían el número de 200 mil.
El conflicto superó la participación de la República Democrática del Congo y de Ruanda. Se internacionalizó con la decisión de la Comunidad de África Oriental de movilizar tropas hacia el Congo. El primer contingente en llegar al país fue un destacamento de 200 militares kenianos de un total de 900 que Kenia movilizará.
Kenia debe asegurar el comando del contingente de la Comunidad de África Oriental, pero no será el único. En la zona actúa la MONUSCO, la fuerza de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de la República Democrática del Congo. Militares pakistaníes componen el grueso de la MONUSCO, de la que forman parte 826 uniformados uruguayos.
La MONUSCO no goza de la mejor fama. El reproche principal que se le hace es rehuir el combate con los grupos rebeldes alzados en armas, la mayoría de ellos dedicados al bandidismo. No se trata solo de reproches. También hay que registrar enfrentamientos con manifestantes que reclaman la partida de la misión militar y policial de la ONU.
El propio gobierno reclamó la salida del país de un funcionario de la ONU -sin llegar a expulsarlo- por afirmar que la MONUSCO no contaba con medios militares suficientes para combatir al M23. Para el gobierno, dicha declaración resultó inadmisible.
El M23
Todo comenzó cuando en 2009, la rebelión del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) firmó un acuerdo con el gobierno del entonces presidente Joseph Kabila para deponer las armas e integrarse al Ejército Nacional. Dicho acuerdo fue suscripto un 23 de marzo, de allí el nombre de la actual rebelión.
El convenio preveía la liberación de los prisioneros, la transformación del CNDP en partido político, el retorno de los refugiados en países limítrofes -básicamente Ruanda-, la integración al gobierno de los civiles del CNDP en el gobierno y de los militares en el Ejército.
Todo estalló por los aires cuando los ahora militares integrados del CNDP resultaron sospechosos de controlar, en provecho propio, el tráfico de minerales. El gobierno del presidente Kabyla decidió trasladarlos a otras zonas del país. Y los exrebeldes retornaron a las operaciones militares bajo el comando del coronel Sultani Makenga.
Tres años después, en abril del 2012, por considerar que el acuerdo no fue respetado, varios ex guerrilleros del CNDP se amotinaron y tomaron como nombre la fecha del acuerdo malogrado: Movimiento 23 de marzo (M23).
Para el gobierno congolés, el verdadero jefe de la rebelión fue el general Bosco Ntaganda, alias Terminator, de nacionalidad ruandesa, condenado en 2021 por la Corte Penal Internacional a 30 años de prisión por ser culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, tales como asesinatos, violaciones, esclavitud sexual y pillajes.
Vencida la rebelión en 2013, los sublevados depusieron las armas y se rindieron ante las autoridades de otro país vecino: Uganda. Pero en 2022, el M23 retornó a las operaciones y según expertos de la ONU lo hace con asistencia ruandesa, de acuerdo con el informe elevado a la secretaría general de la organización.
Dicho informe denuncia a Ruanda por “asistencia directa para la creación del M23”, por reclutamiento para el M23 desde las Fuerzas de Defensa de Ruanda, por apoyo logístico, por implicación directa de altos responsables ruandeses, por apoyo directo en operaciones militares, por presencia en el M23 de oficiales ruandeses y por apoyo al general Ntaganda.
El correlato de la presencia de la rebelión tutsi del M23 en el Kivu Norte fue la acusación del presidente congolés Felix Tshisekedi en la Asamblea General de las Naciones Unidas de “agresión militar directa” y de “ocupación” en el este del país por parte de Ruanda, a través del M23.
Los propósitos del presidente Tshisekedi fueron de inmediato rechazados por el presidente ruandés Paul Kagamé. Dos días después y por invitación del presidente francés Emannuel Macron, Tshisekedi y Kagamé almorzaron juntos y acordaron “estabilizar” la región.
El presidente congoleño se encuentra ante una situación muy difícil. En primer término, por la escasa voluntad de combate de su Ejército, gangrenado por la corrupción. Punto que lo obliga a intentar pactar. En segundo lugar, porque el M23 es solo uno -aunque el más desarrollado- grupo rebelde que opera en la República Democrática del Congo.
Otro, particularmente violento, es el Allied Democratic Forces” -Fuerzas Aliadas Democráticas (FAD)- de origen ugandés, que opera desde el Congo y que reúne entre 200 y 600 combatientes. Se trata de opositores al presidente ugandés Yoweri Museveni, todos ellos islámicos. La FAD es una organización afiliada a la organización terrorista Estado Islámico.
Colonialismo
Durante seis días, en junio del 2022, el rey de los belgas Philippe visitó la República Democrática del Congo. Hubo de todo menos excusas por el colonialismo más inhumano registrado por la historia universal contemporánea.
Durante la visita se hicieron promesas de restitución de obras de arte al Congo, hubo expresiones de lamento, y fue formulado el compromiso de regresar un diente del ex primer ministro asesinado Patrice Lumunba. Hasta allí, y no más, avanzó el reconocimiento de la depredación del colonialismo belga.
Poco, muy poco, si se tiene en cuenta que el Congo, anteriormente, llamado belga, fue el botín personal del exrey Leopold II quien reinó desde 1865 hasta su muerte en 1909. Leopold no solo vació el país y explotó su población, sino que amparó atrocidades como la amputación de manos para los nativos cuando las cuotas de producción de caucho no eran alcanzadas.
Lentamente, y con el empuje del actual rey Philippe, Bélgica acepta la responsabilidad por aquella colonización depredadora y asesina. A tal punto que los cálculos más optimistas sobre las víctimas mortales congoleñas durante la etapa de la administración de Leopold II hablan de 1 millón de muertos, los optimistas, y de 15 millones los más pesimistas.
Como suele ocurrir en estos casos, las opiniones se dividen entre quienes ven exclusivamente los dramas y costos frente a quienes aceptan algún grado de beneficio en la etapa colonial. Así, del ex Congo Belga, la RD del Congo hereda rutas, hospitales y escuelas, aunque no en la medida suficiente como para justificar la depredación, ni mucho menos las muertes.
Con todo, es imposible cuantificar los daños en materia económica, mucho menos como compensación por tanta vida perdida. Quizás, en el futuro, Bélgica acepte indemnizar, aunque probablemente, si se llega a ello, será con un valor acordado que siempre será considerado insuficiente.
Mejor destino puede tener los tesoros artísticos pillados en el Congo que hoy se exhiben en el África Museum de Bruselas. Símbolo de la intención restitutiva fue el retorno de una máscara Kakungu entregada por el rey Philippe a las autoridades congoleñas.
Y en esto de las devoluciones, particular interés suscitó el diente de Patrice Lumumba. Es que el diente, único resto del asesinado, con probada complicidad belga, ex primer ministro, representa para muchos congoleños la identidad de la nación. Lumumba es una imagen del anticolonialismo, no solo en el Congo, sino en toda África.
Lumumba fue fusilado por un destacamento de mercenarios belgas en la provincia de Katanga. Su cuerpo fue disuelto en ácido. Su diente, único resto, quedó en manos de un comisario belga encargado de hacer desaparecer el cuerpo. Finalmente, el primer ministro belga Alexander De Croo restituyó la reliquia a la familia Lumumba, poco después de la visita del rey.
Economía y corrupción
La República Democrática del Congo es el undécimo país del mundo por extensión con 2.345.000 kilómetros cuadrados y cuenta con una población de 108.407.000 habitantes, decimocuarto lugar entre la totalidad de los estados.
La actividad económica pasa, de momento, por la agricultura de subsistencia y por la gran minería destinada a la exportación. Por ejemplo, el país es rico en cobre que es extraído en grandes cantidades, pero se lo trata fuera del país, que luego importa, por ejemplo, cables eléctricos.
En materia de exportaciones, la RDC vende, además de cobre, cobalto y diamantes industriales, principalmente. En el rubro agrícola, las producciones para los mercados externos abarcan el café, la madera y el caucho. La industrialización se limita a rubros tradicionales y no existe ninguna empresa en materia de tecnología de punta.
Los datos sobre población chocan de lleno con los correspondientes al ingreso per cápita. Si la población es la decimocuarta en el ranking mundial por la cantidad de habitantes, el ingreso per cápita es solo de 500 dólares anuales, valor que lo coloca en el último lugar (187) entre los países regularmente medidos.
A su vez, el IDH (Índice de Desarrollo Humano) que elabora las Naciones Unidas, ubica a los congoleños como una sociedad con los peores niveles de vida. Ese estado de situación no se debe a la falta de recursos, ni a una deuda externa asfixiante, particularmente baja para un país no industrializado, con solo 78 dólares por habitante.
Las causas hay que buscarlas en la grandiosa corrupción que siempre afectó este territorio desde la depredadora colonización belga hasta la fecha, con particular acento durante la dictadura de Mobutu Sese Seko quien gobernó el país 32 años, entre 1965 y 1997.
A tal punto llegó la cleptocracia de Mobutu que, en 1978, en un intento de estabilizar la economía afectada por la caída del precio internacional del cobre, fue designado presidente del Banco Central del Zaire (nombre oficial del país durante el régimen del autócrata) el economista alemán Erwin Blumenthal.
Un año después, Blumenthal renunció y escribió “no se puede impedir que Mobutu pille, así como no se puede evitar que un gato cace ratones”. Dicho sea de paso, una parte del pillaje iba a parar a manos de dirigentes occidentales con el objeto de evitar injerencias.
Las huellas de la corrupción están presentes en la actualidad. En noviembre del 2021, la fiscalía general del país abrió una investigación por las denuncias de varios medios occidentales que presentan pruebas por desvío de fondos del estado a favor de la familia del expresidente Joseph Kabila por un total de… 138 millones de dólares.
Por su parte, en junio de 2022, la Inspección General de Finanzas del Estado presentó un informe entre cuyas conclusiones aparece o, mejor dicho, no aparece traza de 400 millones de dólares sobre un total de 600 millones que la minera estatal Gécamines prestó al Estado.
Es más, entre 2010 y 2020 Gécamines generó ingresos por 2.000 millones de dólares, pero “gastó” 1.500 millones en el pago de primas de management. De su lado, la cifra de negocios de firmas asociadas a la minera estatal fue de 35 mil millones de dólares, pero solo pagaron en concepto de royalties 564 millones. Es decir, la nimiedad del 1,64 por ciento.
Y por si faltaba poco, en un país con un alto porcentaje de población indigente, un diputado y excandidato presidencial de nombre Martin Fayulu denunció que cada diputado cobra un salario de 21 mil dólares mensuales. Todo dicho.
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