Después del preocupante atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner no se observa que la clase política nacional haya tomado como objetivo prioritario la misión de bajar el estado de crispación social que impera en el país, en el que el intento de magnicidio asoma como su expresión más brutal e inexcusable.
Hubo algunas pocas horas de tregua inmediatamente después de que Fernando Sabag Montiel gatillara a centímetros de la cara de Cristina. En este sentido, mensajes de repudio en las redes cuando no se sabía muy bien qué había pasado acaso hayan sido lo más espontáneo. Las expresiones que sacaron las cámaras del Congreso, sobre todo la del sábado último en Diputados, fueron más formalismos negociados que otra cosa. Claro, a esa altura ya se había teñido todo con especulaciones de uno y otro lado de la grieta, con esa pulsión del kirchnerismo a buscar culpables en los medios, la justicia y la oposición como telón de fondo.
En otro sentido
Nadie lo va a decir en público, pero buena parte del mundillo político está bastante convencido de que, luego del ataque a Cristina, la Argentina marcha a una situación de mayor tensión a medida que se acerca el fin de año, y no al revés como debería haber sido si cundiera una gota de sensatez.
Con absoluta irresponsabilidad, el senador nacional José Mayans (Formosa) acaba de convertirse en una suerte de oráculo del futuro posible: “Uno no se puede someter a una Justicia que está absolutamente parcializada. Hay que parar ese juicio; ¡hay que pararlo ya! ¿Queremos paz social? Empecemos a parar el juicio este que es vergonzoso”, dijo en declaraciones periodísticas.
Se refería, claro, al juicio conocido como Vialidad en el que Cristina y varios ex funcionarios fueron acusados de armar un asociación ilícita para direccionar la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez, con un perjuicio para el Estado de unos mil millones de dólares.
Lo de Mayans sonó casi a extorsión o amenaza porque es como si hubiera dicho: “Si no se para el juicio, se va a armar más despelote”. Esos dichos, en un hombre que hace pocos días pidió un nuevo mandato de Cristina en plena sesión del Senado, no hacen más que borronear la enorme gravedad institucional del atentado que sufrió la vicepresidenta y alimenta los argumentos de las voces críticas al oficialismo que sostienen que el Gobierno está haciendo una utilización política de todo esto para posicionar a la vice como postulante presidencial y para presionar a la Justicia, que más o menos a fin de año deberá absolverla o condenarla.
El planteo de Mayans supone una concepción de la calle como terreno de disputa política para fortalecer a Cristina. Cuanto más fuerte allí, más invulnerable.
¿Pero qué pasaría, entonces, si el Tribunal que la juzga termina condenándola y le dicta una prisión, más allá de que no sería de cumplimiento inmediato? ¿Sus leales, ese núcleo duro de, digamos, un 20 % de la sociedad según los encuestólogos, saldrían a “defenderla” rompiendo toda paz social? ¿Y si la absuelven? ¿Cómo reaccionaría el otro núcleo duro, el que no la quiere y se ceba con las posiciones extremas de ciertos dirigentes de la oposición, supongamos otro 20 %, si siente que en la Argentina no se hizo Justicia?
Lo dicho: el atentado contra Cristina debería haber servido para frenar una escalada que se inició luego del alegato demoledor del fiscal Diego Luciani. Fue el día en que detractores de la vice concurrieron a escracharla a la esquina de su casa. La respuesta fue la presencia de la militancia K que se autocitó para desalojarlos y bancar a la lideresa. Eso inició la saga de las “vigilias”, que llevaron al gobierno de la Ciudad a poner las vallas, lo que derivó en incidentes. El jueves último, cuando parecía que se había negociado una cierta paz, fue lo de Sabag Montiel. Los manejos posteriores hicieron que subiera otra vez el voltaje. Nada se frenó, como era deseable.
Si el motivo de base para especular con la posible evolución de las tensiones es el juicio Vialidad, como insinuó Mayans, el país está frito. Porque el juicio no va a detenerse. La Corte Suprema ya rechazó los recursos de las defensas que pedían frenar el proceso. La Cámara de Casación denegó los planteos de recusación de jueces y fiscales. El derecho de los imputados es ahora que sus abogados ofrezcan sus alegatos para rebatir las acusaciones, un paso que ya comenzó.
Suena a canallada, pero para algunos actores de los dos lados de la grieta sigue siendo negocio mantener la polarización extrema. La radicalización supone que la ciudadanía termine no teniendo más opciones que blanco o negro. Esto explica, en parte, cómo el intento de magnicidio potenció explícitamente la pelea interna en el PRO entre duros y blandos, que venía siendo el principal sentido de ser del partido amarillo.
Fanatismos
Como explica el experimentado politólogo y consultor Carlos Fara: “El fenómeno de encapsulamiento de los núcleos duros se potencia con este tipo de situaciones como la que le pasó a Cristina”. Es como que los fanatismos se incrementan.
Circuló mucho el fin de semana un estudio sobre la conversación en redes sociales realizado por la consultora extranjera Reputación Digital, en el que se observa un amplio descreimiento sobre el atentado, a pesar de que salió en vivo por la televisión. Se vuelve al eje de la crispación actual argentina: cada núcleo quiere que la verdad sea lo que ellos creen, no lo que pasó realmente. Aplica también para el caso Vialidad.
Pero Fara abre una puerta, en diálogo con este cronista: “Cualquier intento de radicalización es un problema de la oferta de la política; después está lo que la sociedad demanda. Ahí es cuando, si el escenario se tensa al máximo, puede existir la posibilidad de que alguna de las coaliciones actuales se quiebre y florezca una opción moderada que hoy no está en la góndola”. Sería, por cierto, la respuesta electoral posible de ese casi 60% que hoy no se embandera con ninguno de los fanatismos. Ya hay conversaciones reservadas en ese sentido.
Compartir